El domingo 29 de junio de 2025, mientras una fracción del país participaba en las primarias presidenciales del oficialismo, los principales centros de consumo y encuentro social de Chile permanecieron en silencio. Más de 300 malls, strip centers y galerías comerciales bajaron sus cortinas, no por falta de demanda, sino por imperativo legal. Hoy, a más de un mes de distancia, el eco de ese cierre forzoso resuena más allá de la anécdota, instalándose como un síntoma de una tensión no resuelta entre el ejercicio democrático y el motor económico.
El evento, que se repite en cada ciclo electoral, ha dejado de ser un mero apunte en el calendario para convertirse en el epicentro de un debate profundo. La baja participación ciudadana en las primarias —inferior al 10% a nivel nacional y apenas superando el 5% en regiones como La Araucanía— agudizó la pregunta sobre la proporcionalidad de la medida. ¿Se justifica paralizar un sector que representa, según sus propios actores, el 30% de las ventas semanales para facilitar un proceso electoral de alcance limitado?
La controversia se articula en dos visiones antagónicas pero con lógicas internas coherentes.
Por un lado, los gremios empresariales, liderados por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Asociación Gremial Marcas del Retail y la Cámara de Centros Comerciales, han sido categóricos. A través de estudios y cartas públicas, han calificado la Ley N° 19.973, que data de 2004, como “anacrónica”. Argumentan que fue concebida en un contexto de inscripción voluntaria y voto voluntario, donde se requerían incentivos para fomentar la participación. Hoy, con inscripción automática y voto obligatorio, sostienen que la lógica es obsoleta.
El diagnóstico gremial se apoya en cifras contundentes: una caída del 45% en las ventas durante un domingo electoral, equivalente a pérdidas cercanas a los US$90 millones. Además, denuncian un trato “discriminatorio”, ya que la ley solo afecta a locales bajo una misma razón social (malls), mientras que el comercio a la calle y, paradójicamente, el comercio informal, operan sin restricciones, capitalizando el vacío.
En la vereda opuesta, el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo (DT), defiende la normativa como una garantía irrenunciable. La postura oficial, expresada por el ministro Giorgio Boccardo y el director Pablo Zenteno en los días previos a la elección, se centra en la protección del derecho a sufragio del trabajador. La ley no solo establece el feriado obligatorio para quienes se desempeñan en centros comerciales, sino que también obliga a todos los demás empleadores a conceder un permiso de tres horas para votar. Desde esta óptica, la ley no castiga, sino que protege un pilar de la democracia.
Aquí emerge la disonancia más compleja. Para un trabajador del retail, el feriado obligatorio es un derecho laboral conquistado que asegura un día de descanso y tiempo para ejercer su deber cívico. Sin embargo, para ese mismo trabajador, cuyo sueldo a menudo depende de comisiones por ventas, un domingo de cierre —especialmente en temporada alta como las vacaciones de invierno— significa una merma directa en sus ingresos.
Los gremios insisten en que la medida perjudica a los trabajadores, mientras que la autoridad la defiende como un beneficio. Esta dualidad deja en evidencia que no existe una única voz que represente al “mundo del trabajo”. La pregunta que queda flotando es si es posible diseñar un mecanismo que garantice el derecho a voto sin impactar el bolsillo de quienes dependen de la actividad comercial.
Las primarias del 29 de junio actuaron como un catalizador. El tema escaló desde una queja sectorial a una discusión de política pública. Andrés Bogolasky, presidente de Marcas del Retail, lo resumió en una carta posterior al evento: “Es posible votar y trabajar. La legislación también debe avanzar”.
El debate ya no se centra en si el comercio debe cerrar o no, sino en cómo modernizar la ley para que se ajuste a la realidad actual. Propuestas como permitir la apertura con sistemas de turnos especiales que garanticen el tiempo para votar, o diferenciar entre elecciones de alta convocatoria (presidenciales con voto obligatorio) y las de participación acotada (primarias voluntarias), comienzan a tomar forma.
El tema, por tanto, no está cerrado. La tensión entre el mall y la urna es el reflejo de un país que ha cambiado sus reglas cívicas y sus hábitos de consumo, pero que mantiene intacta una ley pensada para un Chile que ya no existe.