A más de un mes del colapso de Sunflower Technologies, el silencio de la aplicación ha sido reemplazado por el estruendo de las acciones legales y un debate incómodo. Lo que comenzó como una prometedora plataforma de inversión con oficinas en Las Condes y eventos en hoteles de lujo, hoy es el epicentro de una presunta estafa piramidal que dejó a más de 3.000 afectados y un perjuicio que supera los US$3 millones. Mientras las víctimas se organizan para recuperar algo de sus pérdidas, los rostros visibles de la empresa en Chile alegan ser una pieza más del engaño, desdibujando la línea entre cómplices y damnificados.
Durante casi dos años, Sunflower Technologies operó con una fachada de legitimidad impecable. Su propuesta era simple y tentadora: invertir en supuestos créditos de Singapur a cambio de rentabilidades de hasta un 12% mensual. El modelo se construyó sobre una sofisticada estrategia de confianza. La empresa no solo contaba con oficinas físicas y personal contratado, sino que cultivaba su imagen a través de eventos en el Hotel W y el Mandarin Oriental, donde se celebraba el "éxito" del negocio.
La plataforma gamificaba la inversión. Los usuarios completaban "misiones" para acumular puntos canjeables por premios como consolas PlayStation 5 o productos Apple, un mecanismo que incentivaba la reinversión constante y atraía a un público diverso: desde futbolistas profesionales y kinesiólogos hasta ingenieros comerciales y periodistas. El dinero se depositaba vía transferencia o criptomonedas, y los retiros iniciales, rápidos y efectivos, cimentaron la confianza en el sistema.
El castillo de naipes se derrumbó el 3 de julio de 2025. La plataforma dejó de funcionar, los retiros fueron bloqueados y el sitio web desapareció. Los representantes asiáticos de la compañía, conocidos por sus nombres occidentalizados "Toove" (Zhiqiang Yang) y "Lukas" (Xinhong Wan), se esfumaron del país, presuntamente tras realizar retiros millonarios. El sueño digital se había convertido en una pesadilla financiera.
La respuesta no se hizo esperar. A la primera querella individual presentada el 21 de julio por la nutricionista Javiera Pizarro, se sumó una acción penal colectiva de 34 víctimas patrocinada por el abogado Luis Antonio Bórquez. Esta última, interpuesta a principios de agosto, apunta a los principales ejecutivos en Chile: Jaime Mena, country manager; y Sandra Muñoz, encargada de la sucursal Concón-Reñaca. Los querellantes, que en conjunto perdieron casi $100 millones de pesos, acusan los delitos de estafa y asociación ilícita, y han solicitado medidas cautelares como la prohibición de celebrar actos y contratos sobre vehículos de lujo a nombre de los ejecutivos y el congelamiento de las cuentas bancarias de la empresa.
La defensa de Jaime Mena, sin embargo, introduce una disonancia en la narrativa. En declaraciones a la prensa, aseguró ser una víctima más. Afirma haber sido contratado por LinkedIn, haber creído en la legitimidad de un negocio que pagaba arriendos millonarios y que él mismo perdió sus ahorros. "Estoy en la misma vereda que todos los defraudados", declaró, añadiendo que ha abierto voluntariamente su secreto bancario a la PDI y ha recibido amenazas contra su familia.
Su testimonio plantea una pregunta central para la investigación: ¿fue un actor clave en el diseño del engaño o un empleado de alto rango que, por negligencia o exceso de confianza, fue utilizado como fachada para legitimar la operación?
El caso Sunflower trasciende la crónica policial para instalarse en un debate sistémico sobre la vulnerabilidad financiera en la era digital. Expertos legales y económicos señalan que este tipo de fraudes prospera en un ecosistema donde la regulación avanza más lento que la innovación tecnológica.
Por un lado, se cuestiona la falta de fiscalización sobre empresas que, amparadas en una supuesta operación internacional, captan masivamente fondos de ciudadanos chilenos sin estar bajo el escrutinio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La apariencia de legalidad, con RUT ante el SII y cuentas en bancos locales, fue suficiente para engañar a miles.
Por otro lado, el caso reabre la discusión sobre la responsabilidad individual. Como señala el académico Jaime Lorenzini en una reciente columna sobre fraudes, existe un deber de autocuidado del consumidor. La promesa de rentabilidades extraordinariamente altas es una clásica señal de alerta de los esquemas Ponzi. ¿Hasta qué punto la seducción de la riqueza fácil nubla el juicio y la debida diligencia que cualquier inversionista debería aplicar? Esta pregunta no busca culpar a las víctimas, sino fomentar una cultura de educación financiera crítica que es, a todas luces, insuficiente.
El caso Sunflower sigue abierto. Mientras la justicia intenta rastrear el dinero y determinar las responsabilidades penales, su legado es una dolorosa lección sobre la fragilidad de la confianza y el alto precio de las promesas digitales que suenan demasiado buenas para ser verdad.