La Casa de Guardia Vieja: De Símbolo de Memoria a Epicentro de una Crisis Institucional

Inicio Contextualizado: El Legado en el Limbo

Lo que comenzó como un gesto simbólico del Presidente Gabriel Boric para adquirir la antigua residencia de Salvador Allende en la calle Guardia Vieja y convertirla en un espacio de memoria histórica, ha mutado, con el paso de los meses, en un complejo laberinto político y judicial. Lejos de cerrar un capítulo de la historia, la fallida operación de compraventa abrió una caja de pandora que hoy, más de 90 días después de su estallido, sigue generando consecuencias. La más visible y drástica fue la destitución de la senadora Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional, un hecho que no solo reconfiguró el mapa del Senado, sino que también dejó al descubierto las profundas grietas en la coordinación del aparato estatal y las tensiones latentes dentro de la coalición de gobierno.

Desarrollo Analítico: Crónica de un Error Inexcusable

La cronología de los hechos revela una cadena de decisiones que culminaron en un fracaso rotundo. La iniciativa presidencial, materializada en un decreto que autorizaba la compra, pasó por alto un detalle fundamental: el artículo 60 de la Constitución, que prohíbe explícitamente a parlamentarios y ministros de Estado celebrar contratos con el Fisco. Dos de las herederas y vendedoras del inmueble eran, precisamente, la entonces senadora socialista Isabel Allende y su sobrina, la entonces Ministra de Defensa, Maya Fernández.

El descubrimiento de esta inhabilidad desató un vendaval político. Maya Fernández presentó su renuncia, mientras que el caso de Isabel Allende escaló hasta el Tribunal Constitucional, que falló a favor de su cese. La reacción del Partido Socialista fue de indignación, calificando el episodio como un "hara-kiri" provocado por la negligencia del gobierno. El Presidente Boric intentó contener la crisis con gestos personales, como una reunión privada con una dolida Isabel Allende, pero el daño político ya estaba hecho, evidenciando una falta de rigurosidad jurídica en el corazón de La Moneda.

Perspectivas Contrastadas: Entre la Falla, la Traición y el Modus Operandi

Con el tiempo, las narrativas sobre lo ocurrido se han consolidado y enfrentado, ofreciendo un mosaico de responsabilidades y acusaciones que distan de una visión unificada.

- La Versión del Gobierno: Un Error de Implementación. Desde el Ejecutivo, la postura oficial, defendida por altos funcionarios como el jefe de gabinete presidencial, Carlos Durán, es que nunca fueron advertidos del impedimento legal. En su comparecencia ante la comisión investigadora, Durán afirmó que la iniciativa era "correcta y legítima", pero que "la forma en que se llevó a cabo no fue la correcta". Esta visión sitúa el problema en una falla procedimental y no en una intención maliciosa, aunque deja sin responder quién o qué estamento falló en la revisión legal de un decreto presidencial.

- La Familia Allende: Sensación de Abandono. Para la exsenadora Isabel Allende y su entorno, la sensación predominante es la de haber sido víctimas de una falta de prolijidad inexcusable por parte de los equipos jurídicos del gobierno. Sostienen haber actuado de buena fe en un proceso iniciado y conducido por el propio Ejecutivo, para luego enfrentar en solitario las consecuencias más severas. La palabra "traición" ha resonado en privado, apuntando a la paradoja de ser castigada por una operación que ella no impulsó.

- La Oposición y la Tesis del Privilegio. Desde la otra vereda, la controversia ha sido capitalizada para instalar una narrativa más amplia. El abogado y militante republicano Raimundo Palamara, a través de una querella por presunto fraude al Fisco y una demanda de nulidad de derecho público, no solo busca invalidar la compra, sino también demostrar un supuesto "modus operandi". Esta tesis ganó fuerza al vincular el caso de Guardia Vieja con otra operación inmobiliaria: la adquisición en 2004 del Palacio Heiremans por parte de la Fundación Salvador Allende al Serviu Metropolitano. Dicha transacción, cuyo pago se habría saldado con obras de arte que, según denuncias, nunca fueron formalmente entregadas al Estado, es presentada como evidencia de un patrón de negocios con el Fisco que beneficiarían al entorno del expresidente.

Contexto Estructural: Más que una Casa, un Símbolo

La intensidad del debate se explica porque la casa de Guardia Vieja no es solo un bien raíz. Es un potente símbolo cargado con el peso de la historia y la figura polarizante de Salvador Allende. Cada acción que lo involucra se convierte en un campo de batalla político. Además, el caso puso en el centro del debate la importancia de las normas de probidad y transparencia, diseñadas precisamente para evitar conflictos de interés y el uso de la influencia política. La ironía de que una operación impulsada desde la más alta magistratura del país terminara violando una norma constitucional de este calibre, plantea serias preguntas sobre la cultura de la legalidad dentro de la administración pública.

Estado Actual: Un Conflicto Judicializado y Lejos de Concluir

A la fecha, la situación es un nudo legal sin resolver. El contrato de compraventa y los cheques emitidos por el Fisco siguen en custodia en una notaría, en un estado de suspensión jurídica. La demanda para anular el decreto presidencial sigue su curso en tribunales civiles. Paralelamente, la arista del Palacio Heiremans y el acuerdo con el Serviu ha abierto un nuevo frente de investigación que complejiza aún más el panorama para la Fundación Salvador Allende, la cual ha afirmado que las obras de arte siempre han estado a disposición para ser retiradas. El caso ha transitado desde la contingencia mediática inmediata hacia los pasillos de los tribunales, donde los tiempos son más lentos y las sentencias definirán las responsabilidades finales en una historia que comenzó con la intención de preservar la memoria y terminó cuestionando los cimientos de la confianza pública.