El fin del Pase Diario instala una nueva deuda programada: Más de un mes con el Pago Tardío en autopistas y el desafío de no olvidar la cuenta
La Calma Antes de la Multa
Hace poco más de un mes, el 1 de julio de 2025, las autopistas urbanas de la Región Metropolitana operaron un cambio silencioso pero profundo. El conocido Pase Diario Único Interoperable (PDUi), una solución de pago único para circular sin TAG, desapareció. En su lugar se instaló el Pago Tardío de Transacciones (PTT), un sistema que, a primera vista, parece más justo, pero que en la práctica ha transferido una nueva y compleja responsabilidad a los conductores: la de recordar y gestionar activamente una deuda que antes no existía de esta forma.
A más de 30 días de su implementación, los efectos de esta política pública comienzan a decantarse, revelando una narrativa de dos caras: la de la modernización y la eficiencia estatal, y la de las nuevas barreras digitales y financieras para una parte de la ciudadanía.
La Lógica de la Proporcionalidad
La justificación del Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue clara y técnica. El PDUi, con un costo fijo cercano a los $13.000, era un instrumento tosco. Castigaba por igual a quien cruzaba la ciudad entera y a quien solo utilizaba un par de pórticos. Según el ministro (s) de la cartera, Danilo Núñez, en declaraciones a inicios de julio, el nuevo sistema beneficiaría a cerca del 70% del pequeño universo de conductores sin TAG (aproximadamente el 1% del total), quienes ahora pagarían el doble de la tarifa solo por los tramos efectivamente recorridos.
La promesa era simple: pagar lo justo. Para ello, se centralizó la consulta y el pago en el portal `pasastesintag.cl`. El conductor tiene un plazo específico para saldar su cuenta: desde el día 11 hasta 30 días después de su tránsito. Un modelo que, en el papel, optimiza el cobro y empuja sutilmente a los usuarios a obtener el dispositivo TAG, que sigue siendo la opción más económica y eficiente.
La Realidad del Usuario: Nueva Carga Cognitiva y Riesgo Financiero
Lo que para la administración es eficiencia, para el ciudadano puede ser una nueva carga cognitiva. El cambio eliminó la simplicidad de una transacción única y la reemplazó por un proceso que exige memoria, planificación y acceso digital. El usuario debe:
- Recordar que transitó sin TAG.
- Esperar 11 días para que la deuda aparezca en el sistema.
- Ingresar activamente al portal web para consultar y pagar antes de que se cumplan 30 días.
Un olvido o un simple descuido en este proceso no es inocuo. Transforma un pequeño costo de peaje en una infracción a la Ley de Tránsito, con multas que superan los $11.000 diarios, además de la "tarifa infractora" que aplica la concesionaria. El sistema, diseñado para ser más justo en el cobro, se vuelve severamente punitivo ante el error humano.
¿Modernización para Quién? La Brecha Digital como Peaje
Aquí emerge la principal disonancia de la política. Si bien el PTT puede ser conveniente para un santiaguino con acceso a internet que usa la autopista esporádicamente, plantea un desafío mayúsculo para otros perfiles:
- Visitantes de otras regiones: Un turista o un trabajador que viaja a la capital por pocos días debe llevarse consigo la tarea de monitorear un portal web semanas después de su regreso.
- Adultos mayores y personas con baja alfabetización digital: Para ellos, navegar un portal, entender los plazos y realizar un pago electrónico puede ser una barrera insalvable.
- Conductores con deudas preexistentes: Aquellos cuyo TAG ya está inhabilitado por mora, a menudo por dificultades económicas, ahora enfrentan un sistema que puede agravar su situación si no logran cumplir con el nuevo y estricto calendario de pago.
La medida, por tanto, no solo moderniza un sistema de cobro; también funciona como un filtro socio-digital. Premia al ciudadano organizado, digitalizado y con finanzas ordenadas, mientras que penaliza, intencionadamente o no, a quienes se encuentran al otro lado de esa brecha.
El Estado, las Concesionarias y un Modelo en Tensión
Este cambio no es un hecho aislado. Se enmarca en el consolidado modelo de concesiones de infraestructura en Chile, donde el Estado define las políticas y los privados las ejecutan. Al igual que se observa en los persistentes retrasos de proyectos hospitalarios concesionados, esta dinámica revela una tensión constante entre la eficiencia económica y la provisión de un servicio público verdaderamente universal y accesible.
La implementación del PTT, gestionado por cada autopista, aunque centralizado en un portal, es un reflejo de este modelo. El Estado impulsa una solución que, si bien es técnicamente más avanzada, delega en el ciudadano la responsabilidad de adaptarse a la nueva complejidad. La pregunta que queda abierta es si el diseño de estas políticas considera suficientemente la diversidad de capacidades y contextos de la población a la que sirven.
El debate, por ahora, sigue latente. Mientras el sistema opera con normalidad para la mayoría, las primeras multas por olvido comenzarán a cursarse. Será entonces cuando se podrá medir el verdadero costo social de este paso hacia la modernización: cuántos ciudadanos no lograron sortear el nuevo peaje de la responsabilidad digital.