El dinero que nos divide: Cómo el reavalúo fiscal fracturó el pacto de solidaridad entre municipios
El epicentro de la fractura: de un ajuste técnico a una crisis política
Lo que en junio de 2025 parecía una decisión administrativa sectorial, hoy, dos meses después, se ha transformado en una de las disputas políticas más profundas sobre el modelo de desarrollo y equidad territorial en Chile. El 16 de junio, el Servicio de Impuestos Internos (SII) eliminó el "factor comercial" en el cálculo de las contribuciones para Santiago Centro, una medida celebrada por comerciantes de una zona en declive. Sin embargo, este ajuste técnico actuó como un sismógrafo, revelando las tensiones subterráneas que por décadas han existido en el sistema de financiamiento municipal. La discusión escaló rápidamente desde la justicia de un impuesto a la pregunta fundamental: ¿qué nivel de solidaridad se deben las comunas entre sí?
La controversia alcanzó un nuevo clímax a principios de agosto, cuando el Ministerio de Hacienda ingresó al Congreso un proyecto de ley que no solo busca aliviar la carga tributaria a ciertos grupos, como los adultos mayores, sino que interviene directamente en el corazón del conflicto: el Fondo Común Municipal (FCM). La propuesta aumenta el porcentaje de aporte de las comunas más ricas del país, elevando la contribución de Las Condes desde el 65% al 80% de lo recaudado por impuesto territorial en un plazo de tres años, y sumando a Lo Barnechea al grupo de comunas que más aportan. La medida, lejos de apaciguar el debate, lo consolidó como una batalla legislativa y filosófica sobre el futuro del pacto solidario que sostiene a los municipios.
Dos Chiles, dos discursos: la batalla de los alcaldes
El debate ha expuesto con crudeza la brecha entre las comunas "aportantes" y las "receptoras" del FCM. Por un lado, alcaldes de municipios con altos ingresos y, por ende, mayores contribuciones al fondo, han levantado la voz para calificar el sistema como "injusto" y "expropiatorio".
> "El sistema de contribuciones, tal como está hoy, es injusto. No distingue entre capacidad de pago y valor patrimonial", manifestó Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, reflejando la preocupación por familias de clase media y adultos mayores que ven aumentar sus contribuciones por la plusvalía de sus barrios sin que sus ingresos mejoren. En una línea similar, Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), ha señalado que muchas familias "se ven obligadas a vender su vivienda porque simplemente no pueden pagar este impuesto".
Esta visión es respaldada por datos. Según la Tesorería General de la República, en 2024, comunas como Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Vitacura y Providencia fueron las principales aportantes al FCM. Estos recursos, a su vez, se convirtieron en el sustento principal de otras comunas.
En la vereda opuesta, alcaldes de municipios que dependen críticamente del FCM defienden el sistema como una herramienta indispensable de equidad.
> "Las contribuciones son hoy una de las pocas herramientas con las que cuenta el Estado para redistribuir recursos desde las comunas con mayor ingreso hacia aquellas con mayores necesidades", afirmó Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, una de las principales comunas receptoras. Su par de Lo Espejo, Javiera Reyes, fue más allá: "Eliminar o debilitar este impuesto significaría debilitar también la capacidad del Estado para llegar a las comunas más vulnerables". Para ellos, el debate no es sobre la carga individual, sino sobre la viabilidad de servicios básicos como la recolección de basura, la seguridad o el mantenimiento de áreas verdes para la mayoría de los chilenos.
Las propuestas sobre la mesa: ¿Reformar o reforzar el modelo?
Con el diagnóstico de crisis ya instalado, han surgido dos caminos antagónicos para el futuro del financiamiento municipal:
- El "Modelo Californiano": Propuesto por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), que agrupa a varias de las comunas más ricas, busca desindexar las contribuciones del valor de mercado. Plantea fijar el impuesto en un porcentaje del valor de compraventa de la propiedad, con un tope de aumento anual. El objetivo es dar certidumbre a los propietarios y protegerlos de la plusvalía, priorizando la capacidad de pago individual. Es un cambio de paradigma que se aleja del principio de que a mayor riqueza patrimonial, mayor contribución.
- El Refuerzo del Sistema Actual: La propuesta del Gobierno va en la dirección contraria. Al aumentar el porcentaje de aporte de las comunas más ricas, busca fortalecer el FCM y su capacidad redistributiva. Esta medida responde directamente a las demandas de los municipios con menos recursos y reafirma el rol del impuesto territorial como pilar de la solidaridad entre comunas. La estrategia del Ejecutivo sugiere que la solución a la desigualdad territorial no es debilitar el fondo, sino exigir un mayor esfuerzo a quienes más tienen.
Un debate abierto: ¿Qué pacto social para el territorio?
El debate sobre las contribuciones ha trascendido lo técnico y lo económico. Se ha convertido en un reflejo de las tensiones sobre el modelo de sociedad que Chile quiere construir. Expertos como Catalina Fuenzalida del programa Puentes UC advierten que el problema es más profundo: a los municipios se les exigen cada vez más obligaciones sin que sus atribuciones o marcos jurídicos se modernicen al mismo ritmo.
La discusión, ahora en manos del Congreso, no es solo sobre un impuesto. Es sobre si el FCM, un mecanismo creado en 1979, sigue siendo la herramienta adecuada para mitigar la profunda desigualdad territorial del país. ¿Debe el sistema proteger el patrimonio individual de la volatilidad del mercado o debe ser un motor de redistribución para garantizar un piso mínimo de servicios a todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan? La respuesta que dé el sistema político definirá el mapa financiero y social de los municipios chilenos para la próxima década.