El juicio paralelo del caso Monsalve: La defensa pública investigada por su estrategia y el debate sobre los límites éticos en el sistema penal
La defensa en el banquillo
Lo que comenzó hace casi tres meses como un escándalo político y una grave acusación penal contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha mutado. Hoy, 9 de agosto de 2025, el debate ya no se centra únicamente en la presunta culpabilidad del exfuncionario, sino en los métodos de quien lo defiende. El caso ha escalado hasta convertirse en un dilema que pone a prueba los cimientos del sistema penal chileno: ¿dónde termina el derecho a una defensa robusta y dónde empieza la revictimización de una denunciante?
La controversia estalló hace apenas dos días, el 7 de agosto, cuando la abogada querellante, María Elena Santibáñez, denunció formalmente al defensor penal público, Víctor Providel. La acusación es grave: alega que Providel habría "cooperado activamente" para difundir en medios de comunicación videos privados de la víctima, con el "único objetivo de desprestigiar su imagen". Según la denuncia, el defensor habría facilitado contactos de periodistas a un tercero, imputado en una causa paralela por amenazas contra la misma mujer, para que ofreciera dicho material.
La respuesta de la Defensoría Penal Pública (DPP) fue inmediata pero ambigua. Por un lado, anunció la apertura de un sumario administrativo para esclarecer los hechos. Por otro, al día siguiente, la defensora regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, salió a desmentir públicamente a la querellante, afirmando que los antecedentes que manejan, proporcionados por la propia fiscalía, "no se condicen con lo que ella ha aseverado".
Así, el sistema se encuentra en una encrucijada. Mientras una investigación interna busca determinar si un funcionario público faltó a la probidad, la institución que representa ya ha tomado una postura pública, generando una tensión palpable entre la protección de la víctima y la defensa de su propio rol institucional.
De la acusación política a la estrategia judicial
Para entender cómo se llegó a este punto, es necesario retroceder. A fines de mayo, el caso Monsalve era principalmente un asunto de impropiedad y ética pública. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, calificó como "completamente impropio" que Monsalve, en su rol de encargado de la política contra la trata de personas, hubiese realizado búsquedas de "servicios de comercio sexual" en internet, según revelaron las pericias a su teléfono. Esta condena política inicial fijó un marco de alta exigencia ética que ahora se extiende a su defensa.
En el plano judicial, el proceso ha sido lento. Tras seis meses en prisión preventiva, Monsalve obtuvo el arresto domiciliario total en Viña del Mar, medida que cumple desde el 19 de mayo. La Fiscalía Centro-Norte solicitó en junio una reformalización para precisar los hechos de la acusación de violación y abuso sexual, extendiendo el plazo de investigación hasta el 18 de septiembre. Durante este período, la salud del exsubsecretario ha sido un factor recurrente, llevándolo a ser operado de urgencia y a obtener autorización para comparecer telemáticamente a las audiencias, evitando así la exposición mediática.
Es en este contexto de desgaste judicial y mediático donde la estrategia de la defensa se ha vuelto protagonista. La denuncia de la abogada Santibáñez no apunta a una acción aislada, sino que sugiere una táctica deliberada para minar la credibilidad de su representada, utilizando su vida privada como campo de batalla.
Las perspectivas en colisión
El conflicto actual expone con claridad dos visiones irreconciliables sobre los límites del ejercicio legal:
- La perspectiva de la víctima y su representación: Sostiene que la defensa ha cruzado una línea roja. Para Santibáñez, filtrar o intentar filtrar material íntimo no constituye un acto de defensa legítimo, sino una falta grave a la ética profesional y una forma de violencia secundaria. Desde este punto de vista, el objetivo no es probar la inocencia del imputado, sino destruir la reputación de la denunciante para invalidar su testimonio. La querella busca no solo una sanción administrativa para el abogado, sino sentar un precedente que proteja a futuras víctimas de estrategias similares.
- La perspectiva de la Defensa Penal Pública: Aunque investiga internamente, su postura pública sugiere una defensa del derecho a ejercer una defensa sin cortapisas. Al desmentir a la querellante, la DPP parece advertir sobre el riesgo de que las acusaciones contra los defensores se conviertan en una herramienta para debilitar la posición del imputado. Para esta institución, el rol del defensor es utilizar todas las herramientas legales disponibles para cuestionar la evidencia y el testimonio de la contraparte, un pilar del sistema adversarial. La pregunta que subyace es si la indagación sobre la vida de la denunciante, en busca de inconsistencias, forma parte de esas herramientas legítimas.
Un debate abierto con consecuencias futuras
El caso Monsalve ha dejado de ser sobre un solo hombre. Ahora, el sumario contra Víctor Providel y la respuesta institucional de la Defensoría Penal Pública han abierto un debate crucial que estaba latente en la sociedad chilena, especialmente en el contexto de los juicios por violencia de género.
El tema no está cerrado; por el contrario, ha entrado en una nueva y compleja etapa. Mientras la investigación penal contra Monsalve sigue su curso, un proceso paralelo determinará qué se considera una práctica aceptable en la defensa penal. La resolución de este sumario será observada de cerca por abogados, académicos y organizaciones de la sociedad civil, pues podría redefinir las fronteras éticas de la abogacía en Chile y enviar un potente mensaje sobre cómo el sistema de justicia equilibra, o desequilibra, la balanza entre la presunción de inocencia y la dignidad de quienes denuncian.