El reavalúo fiscal se convirtió en un plebiscito sobre el trato a la vejez: El debate por las contribuciones revela un contrato social quebrado con los adultos mayores

El impuesto a la memoria

Para Andrea del Carmen Valdés, profesora jubilada de 79 años, su departamento en la Villa Frei de Ñuñoa no es una inversión, es su vida. Lo pagó “con esfuerzo, en cuotas”, hace más de cuatro décadas. Hoy, el avalúo fiscal de su propiedad, con sus cañerías deterioradas y sin las modernidades de los edificios nuevos, se asemeja al de ellos, y las contribuciones se han vuelto una carga que amenaza con expulsarla. En Lo Barnechea, Magdalena Carvacho Vargas (67) vive una historia similar en el terreno que heredó de sus padres. Con una pensión mínima, el pago de más de 1,6 millones de pesos anuales en contribuciones la obliga a “sobrevivir a punta de postulaciones y ayuda social”.

Lo que comenzó a mediados de junio de 2025 como un debate técnico, casi burocrático, sobre el reavalúo fiscal de bienes no agrícolas —un proceso periódico que realiza el Servicio de Impuestos Internos (SII) para actualizar el valor de las propiedades y, con ello, el impuesto territorial que financia a los municipios—, se transformó en poco más de 60 días en un profundo examen de conciencia nacional. La discusión dejó de ser sobre planillas y fórmulas para convertirse en una conversación sobre la dignidad, la justicia intergeneracional y la fragilidad del contrato social con los adultos mayores.

De la opacidad técnica a la crisis política

La controversia se encendió cuando el Consejo para la Transparencia ofició al SII exigiendo claridad sobre una metodología de tasación que, para muchos, es una caja negra. La respuesta inicial, calificada de “insuficiente”, y la creciente angustia de ciudadanos como Andrea y Magdalena, llevaron el tema a la arena política en pleno año electoral.

La oposición, liderada por la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, vio una oportunidad. El diputado Guillermo Ramírez (UDI) anunció una propuesta para eliminar gradualmente las contribuciones a la primera vivienda, calificando el tributo como un “arriendo de por vida” que castiga a la clase media y se basa en un avalúo “oscuro”. La ofensiva fue respaldada por alcaldes de Chile Vamos, como Sebastián Sichel (Ñuñoa) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea), quienes documentaron casos de adultos mayores con deudas millonarias y procesos de remate inminentes, describiendo la situación como una forma de “expropiación indirecta”.

La respuesta del oficialismo no tardó. La candidata Jeannette Jara y voceros del Gobierno llamaron a la “seriedad”, advirtiendo que eliminar el impuesto desfinanciaría a los municipios, especialmente a los más pobres que dependen del Fondo Común Municipal, un mecanismo de redistribución solidaria. “No puede haber una disminución de contribuciones sin una compensación”, afirmó Jara, calificando la propuesta de la derecha como una promesa electoral “difícil de cumplir”. Como alternativa, el Ejecutivo propuso una solución focalizada: establecer un tope al pago de contribuciones equivalente al 5% de los ingresos para los adultos mayores pertenecientes al 60% más vulnerable de la población.

¿Quién tasa al tasador? La fractura estructural

Mientras los comandos presidenciales afilaban sus argumentos, análisis más profundos comenzaron a revelar que el problema era más estructural que coyuntural. Un informe de la consultora GPS Property, publicado en julio, advirtió sobre la enorme brecha entre el avalúo fiscal y el valor comercial de las propiedades, que en comunas como Antofagasta llega a ser 2,3 veces superior. Esto puso en duda la afirmación del director del SII, Javier Etcheberry, de que el avalúo fiscal representa en promedio un 60% del precio de mercado.

La discusión escaló con voces expertas que cuestionaron la base misma del sistema. En una columna para CIPER, el ingeniero Iván González Seguel lo bautizó como el “impuesto al talento”: un mecanismo que castiga la movilidad social al expulsar de los barrios a profesionales emergentes y familias de clase media que, con su esfuerzo, contribuyen a mejorar su entorno, solo para ver cómo las contribuciones se vuelven impagables. Propuso una solución radical: anclar el impuesto al valor de tasación al momento de la compra, ajustándolo solo por inflación.

Desde el ámbito legal, la abogada tributaria Bárbara Castro, en una carta a La Tercera, fue más directa: “¿Quién tasa al tasador?”. Denunció que el SII ha perdido juicios por avalúos mal calculados y que no existe un plan para asegurar que las tasaciones sean “objetivas, fundadas e imparciales”. Cuestionó la falta de transparencia en el prorrateo de superficies en copropiedades y la aplicación de criterios dispares a lo largo del país, concluyendo que la confianza pública está herida.

Un debate abierto y sin retorno

Hoy, a principios de agosto de 2025, el debate sobre las contribuciones ha madurado y se ha instalado como un tema ineludible en la agenda pública. Ya no se trata de si el sistema necesita cambios, sino de cuáles y con qué profundidad. La discusión ha expuesto las tensiones entre la autonomía municipal y la protección ciudadana, entre la lógica de un impuesto al patrimonio y el derecho a la vivienda.

El tema sigue abierto y en plena evolución. Las comisiones del Congreso continúan analizando la fórmula de cálculo, mientras las propuestas de los candidatos presidenciales prometen marcar la pauta legislativa del próximo gobierno. Lo que comenzó como un ajuste técnico ha terminado por revelar que el valor de una vida de esfuerzo, para muchos chilenos, no cabe en la tasación fiscal del Estado.