Punta Peuco: El Cierre que Reabrió las Heridas de la Transición

A más de sesenta días de que el Presidente Gabriel Boric anunciara en su cuenta pública el fin del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco como recinto exclusivo para violadores de derechos humanos, la controversia, lejos de disiparse, ha madurado hasta convertirse en una de las líneas divisorias más nítidas de la carrera presidencial. La decisión de transformar el penal en una cárcel común no fue solo un acto administrativo; fue un gesto simbólico que reactivó un debate latente sobre la memoria, la justicia y las deudas pendientes de la transición democrática chilena.

La polémica no nació en la cuenta pública. Semanas antes, en abril, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, había encendido la pradera al calificar el golpe de Estado como "necesario" y las muertes ocurridas en dictadura como "inevitables". Sus dichos generaron un rechazo transversal, reflejado en una encuesta que mostró que cerca del 65% de la ciudadanía desaprobaba sus palabras, y sirvieron de antesala para la decisión del Ejecutivo.

El anuncio presidencial del 1 de junio fue la respuesta directa a una demanda histórica de las agrupaciones de familiares de víctimas y de un sector importante de la sociedad que veía en Punta Peuco un símbolo de privilegio e impunidad. Sin embargo, la reacción de la oposición fue inmediata y contundente. Matthei declaró que la medida "no cuesta nada revertirla", posicionando el destino del penal como una promesa de campaña y un punto de honor para su sector. Este enfrentamiento escaló cuando la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, replicó que la candidata "cuando le tocan el pinochetismo como que se desequilibra", evidenciando la profunda carga emocional e ideológica que el tema conlleva.

El debate ha expuesto un mosaico de perspectivas que reflejan las fracturas de la sociedad chilena:

• La visión del Gobierno y la izquierda: Para el oficialismo, el cierre de Punta Peuco es un imperativo moral y un acto de igualdad ante la ley. El diputado Matías Ramírez (PC) lo enmarcó como un paso necesario para que la memoria sea "la base de la democracia" y no una herramienta de reescritura histórica por parte de quienes, a su juicio, defienden el legado de la dictadura.

• La derecha tradicional (Chile Vamos): La postura de Matthei se centra en calificar la medida como divisiva e innecesaria, un gesto que polariza al país en un momento en que las urgencias debieran ser otras. Esta posición, sin embargo, es cuestionada desde flancos inesperados. La comunicadora Patricia Maldonado, otrora defensora acérrima de Augusto Pinochet, criticó a Matthei por una supuesta inconsistencia, acusándola de moderar su discurso "por conveniencia, para llegar al poder" y de haber "traicionado" sus convicciones pasadas, cuando ambas protestaban juntas por la detención del dictador en Londres.

• La derecha republicana: El candidato José Antonio Kast ha intentado desplazar el eje de la discusión. En lugar de defender el penal como tal, ha planteado la posibilidad de indultos por razones humanitarias, argumentando que personas de avanzada edad o con facultades mentales mermadas no deberían morir en la cárcel. Con ello, busca apelar a un principio de compasión que, sin embargo, choca con la exigencia de justicia sin concesiones de las víctimas.

• La perspectiva técnica y legal: Más allá de la contienda política, han surgido voces que plantean un análisis pragmático. La abogada Carla Fernández Montero, especialista en derecho penitenciario, argumentó en una carta al director que el carácter "especial" de Punta Peuco obedecía a un trasfondo multidimensional, relacionado con el perfil etario, sanitario y de baja peligrosidad de sus internos, y no a un privilegio. Según esta visión, la medida sería más ideológica que práctica y podría ser judicializada por afectar los derechos de los reclusos.

El penal de Punta Peuco, inaugurado en 1995, fue en sí mismo un producto de las tensiones de la transición, una solución de compromiso para asegurar que los procesos judiciales contra militares pudieran avanzar. Su existencia ha sido, durante casi tres décadas, un recordatorio tangible de los pactos y equilibrios de esa época. Su cierre, por tanto, no es solo el fin de un recinto carcelario, sino el posible desmantelamiento de uno de los símbolos más potentes de una era.

Hoy, el tema está lejos de cerrarse. Mientras el gobierno avanza en los decretos para materializar el traslado de los internos, la discusión se ha instalado como un termómetro de las visiones de país en pugna. La pregunta sobre qué hacer con Punta Peuco se ha transformado en una pregunta sobre cómo Chile se relaciona con su pasado para construir su futuro, una herida que, lejos de sanar, sigue definiendo el presente.