A poco más de dos meses de que la clasificadora de riesgo Fitch encendiera las alarmas rebajando su nota a "BB-" con perspectiva negativa, la noticia que circulaba como un rumor insistente en el sector se ha materializado: Telefónica España ha iniciado formalmente el proceso para vender su operación en Chile. La decisión, gestionada desde Madrid por Citibank y el Banco Santander, marca el capítulo final de una retirada estratégica de Latinoamérica y abre una etapa de profunda incertidumbre y reconfiguración para el mercado local de las telecomunicaciones. Lejos de ser una transacción simple, la venta de Movistar Chile es un laberinto de deudas, activos estratégicos complejos y un intenso escrutinio regulatorio que se resolverá contra el reloj antes de fin de año.
La orden de venta no surge en el vacío. Responde a la directriz del CEO de la matriz, Marc Murtra, de centrar los esfuerzos en “Europa, Europa, Europa” para reducir una abultada deuda global. Chile, una de las últimas grandes operaciones en la región, se convirtió en un activo prescindible, cuyo desempeño local no hacía más que justificar la decisión.
Los números son elocuentes. Según los resultados financieros reportados a fines de julio a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las pérdidas de Telefónica Móviles Chile se agudizaron un 29,2% en el primer semestre de 2025, llegando a $75.364 millones (unos US$80,7 millones). Este resultado se suma a la advertencia de Fitch en junio, que apuntaba a un endeudamiento neto que escaló a 6,6 veces el EBITDA y a una continua pérdida de participación de mercado. Según datos de la Subtel citados por La Tercera, la cuota de Movistar en el mercado móvil cayó del 20,4% al 19%, y en internet fijo, del 30,4% al 28,2%, en un entorno de competencia feroz liderado por WOM, Entel y Claro.
El proceso de venta, que según Diario Financiero tiene un plazo de dos semanas para recibir ofertas no vinculantes, ha atraído a un diverso grupo de interesados. En el plano local, los principales competidores —Entel, ClaroVTR, WOM y GTD— ya estarían analizando la operación. Cada uno con un interés particular: Entel podría buscar fortalecer su negocio fijo, mientras que ClaroVTR y WOM mirarían el segmento móvil para ganar escala.
Sin embargo, la compra por parte de un actor incumbente activaría inevitablemente una investigación profunda por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Expertos en libre competencia anticipan que una operación de este tipo derivaría en una investigación de “fase dos”, un proceso que puede durar más de 90 días hábiles y que probablemente exigiría complejas medidas de mitigación para evitar una concentración excesiva del mercado.
Esta complejidad regulatoria abre la puerta a actores extranjeros como Vrio, del grupo argentino Werthein (matriz de DirecTV), e IntegraTec, que ya adquirió la filial de Telefónica en Perú. Una oferta de un nuevo entrante o de un actor con menor superposición de negocios podría ofrecer la “certeza jurídica” que Telefónica busca para una salida rápida.
En el corazón de la complejidad de la venta se encuentra Onnet Fibra, la sociedad mayorista de fibra óptica que Telefónica controla en un 40%, siendo el 60% restante propiedad del fondo de inversión estadounidense KKR. Creada en 2021, Onnet es un negocio rentable y en expansión, con una red que cubre 4,5 millones de hogares y que presta servicios a todos los grandes operadores del país.
Telefónica ha puesto sobre la mesa dos alternativas: vender el “pack completo” (incluyendo su 40% en Onnet) o enajenar la operación de Movistar por separado. Sin embargo, la venta de su participación en Onnet está sujeta a un pacto de accionistas con KKR, que, según fuentes del sector citadas por Diario Financiero, muy probablemente incluye cláusulas de derecho preferente de compra (first refusal). Esto significa que KKR podría igualar cualquier oferta de un tercero por ese 40%, o bien, tendría que negociar directamente con el nuevo comprador. Esta doble negociación podría entrampar y retrasar el objetivo de Telefónica de una venta expedita antes de que termine 2025.
La salida de Telefónica no es solo un negocio entre privados. Ocurre en un momento en que el debate sobre la calidad y el cumplimiento en la infraestructura digital está en primer plano, especialmente tras los conflictos del Estado con WOM por los retrasos en el despliegue de la red de Fibra Óptica Nacional. Un editorial reciente de Diario Financiero planteaba la necesidad de que el Estado adopte un rol más firme para “corregir a tiempo y no solo castigar a posteriori”.
La venta de Movistar es una oportunidad para que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y la FNE no solo velen por la competencia, sino que también aseguren que el nuevo controlador garantice la continuidad de las inversiones, la calidad del servicio y el cumplimiento de los compromisos regulatorios. En un contexto donde el gobierno busca activamente atraer inversión extranjera de calidad, como lo demuestra la modernización del acuerdo con Suiza, la vara para el sucesor de Telefónica será alta.
El proceso de venta de Telefónica Chile está en una fase inicial pero decisiva. La urgencia de la matriz española por desprenderse de sus activos chilenos choca con la complejidad estructural de la operación y el denso panorama regulatorio. El resultado final, que se conocerá en los próximos meses, no solo definirá el futuro de una marca histórica en el país, sino que también pondrá a prueba la capacidad del mercado para reconfigurarse sin sacrificar la competencia y la capacidad del Estado para garantizar que la infraestructura digital de Chile quede en manos responsables.