Hoy es 9 de agosto de 2025. Hace exactamente un mes, el 10 de julio, Chile agotó la totalidad de los recursos naturales y servicios ecosistémicos que el planeta puede regenerar en un año. El llamado Día del Sobregiro Ecológico llegó para el país cinco meses antes de que terminara el calendario, un indicador que, lejos de ser una efeméride ambiental más, se ha consolidado como el síntoma de una fractura profunda entre el discurso público y la realidad material del desarrollo chileno. Con la distancia de 30 días, el dato deja de ser un titular inmediato para convertirse en una lente a través de la cual se pueden analizar las tensiones estructurales que definen el presente del país.
La narrativa oficial, tanto estatal como corporativa, proyecta una imagen de compromiso. Chile cuenta con una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y una normativa que regula los plásticos de un solo uso, hitos celebrados como avances significativos. En esta misma línea, a fines de junio, la empresa Carozzi anunciaba una inversión de US$35,8 millones en proyectos para hacer más sostenible su centro de distribución, prometiendo menor consumo energético y una huella de carbono reducida. Estos anuncios construyen un relato de modernización y conciencia ecológica, alineado con las demandas internacionales y una ciudadanía cada vez más sensible a la crisis climática.
Sin embargo, mientras este discurso se amplifica en los medios, en los territorios se libran batallas que lo contradicen de manera brutal. Dos casos, cuyas consecuencias se han agudizado en las últimas semanas, ilustran esta disonancia.
1. Melipilla: Polvo, Residuos y Sanciones Ignoradas
En la localidad de Popeta, a 20 kilómetros de Melipilla, los vecinos conviven con una doble amenaza ambiental. Por un lado, el único vertedero que queda en la Región Metropolitana, cuya reconversión a relleno sanitario se ha postergado por más de una década y que en junio recibió una prohibición parcial de funcionamiento por parte de la Seremi de Salud por acopiar basura en sitios no autorizados. Por otro, una mina de puzolana —material clave para la industria del cemento— operada por Unacem Chile, que fue sancionada en marzo por la misma autoridad sanitaria debido a la falta de control en la emisión de sílice, un polvo que puede causar silicosis, una enfermedad pulmonar incurable.
Según una investigación de CIPER publicada el 31 de julio, los residentes denuncian nubes de polvo que llegan hasta sus casas y malos olores provenientes del vertedero. "Si seguimos así, Melipilla se transformará en otra zona de sacrificio", declaró la dirigenta Ingrid León. El caso de Popeta no es solo un problema de contaminación, sino de una institucionalidad que parece incapaz de hacer cumplir sus propias sanciones y proteger a sus ciudadanos, exponiendo la fragilidad de la fiscalización ambiental en la práctica.
2. Talca: Desarrollo en Zona de Riesgo
Simultáneamente, en Talca, la Dirección de Obras Municipales aprobó el 3 de julio el permiso de edificación para el "Parque Ferial del Maule", un proyecto de más de 7.600 m² vinculado a la filial del casino Dreams. La controversia reside en su emplazamiento: una zona inundable, aledaña a un humedal urbano de alto valor ecológico.
Lo más grave, según un informe de Cambio 21, es que el proyecto logró avanzar pese a las advertencias explícitas de organismos técnicos como la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), que señalaron los riesgos de inundación y consideraron que debía someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) mantiene una investigación abierta tras denuncias ciudadanas. Fabián Olave, presidente de la corporación BioEcoTerra, lo calificó como "un acto grave que pasa por alto los principios básicos de la planificación territorial". La aprobación municipal representa un precedente peligroso: la viabilidad de un proyecto privado parece pesar más que los informes técnicos y la protección de ecosistemas críticos.
El sobregiro ecológico de Chile no es una abstracción. Se materializa en la puzolana extraída en Melipilla para alimentar la construcción, en los residuos que desbordan un vertedero obsoleto y en la presión inmobiliaria sobre humedales en Talca. Estos conflictos locales son la expresión tangible de un modelo de consumo y producción que externaliza sus costos ambientales y sociales sobre las comunidades más vulnerables.
La pregunta que surge es si las soluciones pueden seguir siendo parciales. Mientras Chile enfrenta fenómenos climáticos cada vez más extremos —como las nevazones que atraparon a 27 turistas en San Pedro de Atacama en junio—, el debate sobre cómo financiar la adaptación y mitigación se vuelve urgente. Un artículo de BBC News Mundo del 8 de agosto exploraba cómo destinos como Hawái, Grecia o Nueva Zelanda están implementando impuestos al turismo o "tarifas verdes" para que los visitantes contribuyan directamente a la conservación de los ecosistemas que disfrutan. ¿Podría ser este un camino para que industrias como el turismo o la minería en Chile internalicen sus costos y financien la resiliencia del país?
El tema, lejos de estar cerrado, ha evolucionado. El hito del sobregiro ecológico ya no es solo una cifra en un informe internacional. Un mes después, su eco resuena en las denuncias de Popeta y en la investigación de la SMA en Talca. La fractura está expuesta: entre el Chile que se proyecta como líder ambiental y el Chile donde la normativa no logra proteger el territorio. Cerrar esa brecha es el verdadero desafío sistémico que el país debe enfrentar si quiere que la sostenibilidad sea más que un discurso.