La ropa falsificada ya no es noticia: El debate sobre probidad y clientelismo que destapó la maleta del Senador Espinoza

¿Qué queda cuando se apagan los focos?

Han pasado poco más de dos meses desde que el equipaje del senador Fidel Espinoza (PS) se convirtió en titular nacional. Hoy, en agosto de 2025, el ruido mediático se ha disipado, las declaraciones urgentes han cesado y el caso ha entrado en el lento carril de la justicia. Es precisamente esta distancia la que permite desempacar el verdadero contenido de esa maleta: no solo las 89 prendas deportivas falsificadas, sino las complejas preguntas sobre ética pública, informalidad y la naturaleza del poder político que el incidente dejó al descubierto.

La historia, en su superficie, es simple. El 3 de junio, el Servicio Nacional de Aduanas fiscalizó al senador a su regreso de Perú, incautando un cargamento de camisetas y buzos de equipos de fútbol chilenos con logos de Adidas y Puma, todo avaluado en poco más de dos millones de pesos. Lo que siguió fue un guion predecible: los representantes de las marcas multinacionales presentaron querellas por vulneración de la propiedad industrial, y el parlamentario emitió una declaración pública.

Pero es en las grietas de esta narrativa donde reside el interés. El caso Espinoza se convirtió en un espejo que refleja tres tensiones fundamentales de la sociedad chilena.

Primera Tensión: ¿Favor político o delito? La delgada línea de la "buena fe"

La defensa del senador se construyó sobre un pilar culturalmente reconocible: la "paleteada". Espinoza argumentó que su único fin era ayudar al club de fútbol rural "Unión Católica de Trapén" de su región, Los Lagos, transportando indumentaria donada por un particular. "No visualicé en aquello un inconveniente", afirmó, apelando a su historial de apoyo al deporte amateur y a una actuación de "buena fe" sin fines comerciales.

Esta defensa, sin embargo, choca frontalmente con el argumento legal de las corporaciones. Para los abogados de Puma y Adidas, la "buena fe" es irrelevante ante lo que consideran un acto doloso. Sus querellas sostienen que el valor de las prendas reside precisamente en la imitación de sus marcas registradas, engañando al consumidor y constituyendo un delito.

Aquí emerge la disonancia: ¿puede un legislador, responsable de crear y respetar el marco legal del país, argumentar desconocimiento o ingenuidad frente a la ley de propiedad intelectual? La controversia obliga a preguntar si la intención de hacer un bien social exime de la responsabilidad de cumplir la ley, especialmente cuando se ostenta un cargo público. El debate trasciende al senador y apunta al corazón del clientelismo: la práctica de usar la influencia del cargo para otorgar beneficios, incluso si estos navegan en una zona gris o directamente ilegal.

Segunda Tensión: La Ley de la Marca vs. la Realidad del Territorio

El caso expone el abismo entre la lógica global de la propiedad intelectual y las economías locales. Para Adidas y Puma, la acción legal no solo busca una sanción ejemplar contra una figura pública, sino que es parte de una estrategia global para proteger sus activos intangibles de un mercado de falsificaciones que representa pérdidas millonarias. Desde su perspectiva, la ley es universal y debe aplicarse sin distinción.

Sin embargo, desde la vereda de un club deportivo amateur de una zona rural, la realidad es otra. Para ellos, la posibilidad de tener indumentaria, aunque sea una réplica, puede ser la diferencia entre competir o no. En este contexto, la autenticidad de un logo puede parecer un lujo o una preocupación lejana frente a necesidades inmediatas. El incidente visibiliza cómo la economía informal y la piratería no son solo un problema de delincuencia, sino también un síntoma de desigualdad y de la dificultad de acceso a ciertos bienes, generando una tolerancia social hacia estas prácticas que choca con la rigidez de la ley.

Tercera Tensión: La Probidad como Estándar y la Percepción Ciudadana

Finalmente, el caso se instala en el sensible debate sobre la probidad y la confianza en las instituciones. Más allá del resultado judicial, la pregunta que queda flotando es sobre el estándar de conducta exigible a un senador de la República. ¿Es aceptable que utilice su posición y las facilidades de su cargo para transportar bienes de origen ilícito, incluso si el fin es altruista?

La reacción ciudadana, dividida entre quienes lo ven como un abuso de privilegio y quienes lo consideran una tormenta en un vaso de agua, refleja la fragmentación de los consensos sobre lo que es y no es aceptable en política.

El caso del senador Espinoza sigue su curso en tribunales, y es probable que su resolución final no genere grandes titulares. Sin embargo, su verdadero legado no está en la sentencia, sino en el debate que provocó. Nos obligó a mirar la incómoda intersección entre la ley, la costumbre, el poder y la ética, un cruce de caminos donde las respuestas fáciles no existen y donde la reflexión crítica se vuelve indispensable.