La probidad paraliza los consultorios: La fiscalización de licencias médicas pone en jaque la atención primaria de salud

El dilema: ¿Justicia administrativa o salud garantizada?

Lo que comenzó hace poco más de dos meses como un escándalo de probidad de alto impacto, hoy se ha transformado en una encrucijada que amenaza con paralizar la salud pública en las comunas más vulnerables. La masiva fiscalización de funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencia médica, una medida celebrada por la opinión pública y defendida con firmeza por el Ejecutivo, está generando un “efecto boomerang” en la atención primaria. La disyuntiva es cruda: aplicar la ley con todo su rigor podría significar desmantelar equipos médicos en consultorios que ya operan al límite de su capacidad.

De la indignación a la crisis operacional: una cronología

A fines de mayo, un informe de la Contraloría General de la República sacudió al aparato estatal: más de 25.000 funcionarios públicos habían salido del país durante un reposo médico entre 2023 y 2024. La reacción fue inmediata. La ciudadanía, a través de encuestas como la que reveló que un 88% apoyaba el despido de los involucrados, exigió mano dura. El Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió con la instrucción de iniciar miles de sumarios administrativos, asegurando que se perseguirían las responsabilidades “con toda la rigurosidad” y que los procesos continuarían incluso si los funcionarios ya no estaban en sus cargos.

La narrativa inicial era clara: una lucha necesaria contra el fraude y la falta a la probidad. Instituciones como la PDI iniciaron sus propias investigaciones internas y el debate se centró en la ética del servicio público. Sin embargo, a medida que los sumarios avanzaban, una consecuencia no anticipada comenzó a emerger desde el corazón del sistema: los municipios.

Las dos caras del problema: Perspectivas en colisión

La tensión actual se puede entender a través de tres visiones que, lejos de converger, exponen la complejidad del problema:

1. La postura del Gobierno Central: La probidad no se negocia.

Para el Ejecutivo y la Contraloría, el asunto es de principios. El ministro Marcel ha sido enfático en que la responsabilidad de fiscalizar recae también en los jefes de servicio y los alcaldes. “Me parece un mal principio (...) que tenga que ser otro el que me tiene que resolver el problema”, declaró a fines de junio, traspasando parte de la responsabilidad de control a los propios municipios. Desde esta óptica, ceder ante las dificultades operativas sería sentar un precedente de impunidad y debilitar la fe pública.

1. La realidad municipal: Al borde del colapso.

En la vereda opuesta, alcaldes como Christopher White de San Bernardo han encendido las alarmas. Su comuna enfrenta la posible salida de un número significativo de profesionales de la salud, en un contexto donde el 92% de sus médicos son extranjeros y la competencia con el sistema privado hace casi imposible retenerlos. “¿Cuál es el plan de contingencia cuando eso ocurra?”, cuestionó White, advirtiendo que la aplicación estricta de los sumarios generará un “problema gigantesco” para los pacientes que dependen exclusivamente del CESFAM. La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) ya había alertado sobre la carga financiera y administrativa que esto suponía, evidenciando una desconexión entre la directriz central y la capacidad de ejecución local.

1. La visión experta: Un sistema con debilidades estructurales.

Análisis como los publicados por CIPER a mediados de junio pusieron el foco en otro punto ciego: la fragilidad de los propios procesos disciplinarios a nivel municipal. Muchos municipios carecen de personal jurídico especializado para llevar adelante sumarios complejos, lo que aumenta el riesgo de errores de procedimiento que terminen invalidando las sanciones y generando una sensación de impunidad. Se suma a esto la discrecionalidad de los alcaldes para aplicar las sanciones finales, lo que podría derivar en criterios dispares a lo largo del país. Esta perspectiva sugiere que el problema no es solo de individuos fraudulentos, sino de un andamiaje institucional débil para fiscalizar y sancionar con eficacia y justicia.

Un sistema ya estresado

Esta crisis no ocurre en el vacío. Golpea a un sistema de salud pública que, antes del escándalo, ya enfrentaba desafíos monumentales como listas de espera históricas y una reforma estructural largamente postergada. La fiscalización de licencias actúa como un catalizador que expone las grietas preexistentes: la dependencia de médicos extranjeros, la brecha salarial con el sector privado y la sobrecarga de la atención primaria.

El tema, por tanto, ha dejado de ser una simple cacería de funcionarios que abusaron de un beneficio. Hoy, a más de 70 días del informe inicial, el debate se ha profundizado. La pregunta ya no es solo si se debe sancionar, sino cómo hacerlo sin desproteger a los ciudadanos. La situación sigue abierta, evolucionando desde un problema de ética individual a una compleja crisis de gobernanza estatal que obliga a Chile a mirarse al espejo y cuestionar si la búsqueda de la probidad puede, paradójicamente, terminar por debilitar uno de los pilares fundamentales del Estado: el derecho a la salud.