A más de un mes del evento sísmico que fracturó la mina El Teniente y la confianza en la industria, la mayor operación subterránea de cobre del mundo opera a media máquina. El retorno gradual a las faenas, autorizado el 9 de agosto tras rigurosas inspecciones de Sernageomin y la Dirección del Trabajo, se desarrolla bajo un manto de duelo y múltiples interrogantes. La tragedia del 31 de julio, que costó la vida de seis trabajadores y dejó a nueve heridos, no solo detuvo la producción durante nueve días; abrió una profunda grieta en la que se examinan la responsabilidad corporativa, los límites de la ingeniería y el futuro de la minería a gran profundidad.
El jueves 31 de julio a las 17:34 horas, un evento sísmico de magnitud 4.2 sacudió las entrañas de la cordillera. Lo que para la superficie fue un temblor menor, a 1.200 metros de profundidad fue un colapso catastrófico. Paulo Marín Tapia (48), de la empresa Salfa Montajes, fue la primera víctima confirmada. A 800 metros de distancia, otros cinco trabajadores de la constructora Gardilcic quedaban sepultados: Gonzalo Núñez Caroca (33), Álex Araya Acevedo (29), Carlos Arancibia Valenzuela (34), Jean Miranda Ibaceta (31) y Moisés Pavez Armijo (33). Tras 72 horas de un rescate que mantuvo al país en vilo, se confirmó el fatal desenlace para todos.
Rodrigo Piñones, sobreviviente y primo de Paulo Marín, relató a La Tercera la violencia del suceso: “Después del ruido, yo estaba tapado en piedras. No nos dio tiempo para nada”. Su testimonio, el de un hombre que se salvó por metros, pone rostro a una tragedia que ahora transita por los pasillos de la fiscalía y los directorios corporativos.
La pregunta central que hoy moviliza a tres investigaciones paralelas (Fiscalía, Sernageomin y Dirección del Trabajo) es si el evento fue un sismo tectónico —un acto impredecible de la naturaleza— o un estallido de roca, un fenómeno de sismicidad inducida por la propia actividad minera. Fuentes internas de Codelco y expertos independientes, como los consultados por Reuters y el académico Christian Salazar, se inclinan por la segunda hipótesis. La extracción mediante el método de hundimiento (block caving) genera una redistribución de tensiones en el macizo rocoso que, en rocas de alta competencia como las de El Teniente, puede liberar energía de forma violenta. “Fue totalmente fortuito y no pasa por un tema de seguridad”, afirmó Dominique Viera, presidenta de Aprimin, defendiendo los altos estándares de la industria. Sin embargo, la Fiscalía Regional de O"Higgins, bajo la dirección de Aquiles Cubillos, investiga un posible cuasidelito de homicidio, indagando si se cumplieron todos los protocolos y si existieron advertencias previas ignoradas.
El impacto de la tragedia trascendió la pérdida productiva, estimada por consultoras como CRU en hasta 10 millones de dólares diarios. La respuesta institucional fue inmediata: el Presidente Gabriel Boric decretó tres días de duelo nacional y visitó a las familias, comprometiendo una investigación “acuciosa e imparcial”.
Pero la consecuencia más tangible dentro de Codelco llegó este 11 de agosto: Andrés Music Garrido, gerente general de la División El Teniente, dejó su cargo “de mutuo acuerdo”. Aunque la estatal aclaró que la decisión “no responde a la asignación de alguna responsabilidad”, el movimiento se interpreta como el primer gesto de asunción de responsabilidad directiva. En su reemplazo asumió de forma interina Claudio Sougarret, actual gerente de operaciones y hermano de André Sougarret, el recordado líder del rescate de los 33 mineros de San José.
En paralelo, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, anunció una medida sin precedentes: una auditoría internacional con expertos en geomecánica y seguridad que reportará directamente al directorio. “Esa comisión se hará cargo de ayudarnos a determinar qué es lo que hicimos mal”, declaró Pacheco, reconociendo implícitamente la existencia de fallas. El fiscal Cubillos ya confirmó que tanto Pacheco como otros altos ejecutivos serán citados a declarar.
El hecho de que las seis víctimas fatales fueran trabajadores de empresas contratistas —Salfa Montajes y Gardilcic— ha reavivado un debate histórico en la minería chilena sobre las condiciones de seguridad y la precarización laboral en el modelo de subcontratación. Si bien Codelco y las asociaciones gremiales aseguran que los estándares de seguridad son homogéneos para personal propio y externo, sindicatos y familias han puesto en duda esta paridad en la práctica.
La tragedia también ha funcionado como un catalizador para la discusión sobre el futuro tecnológico de la industria. Expertos como Rafael Epstein, académico de la Universidad de Chile, sugirieron en Radio Cooperativa que el accidente debe ser una oportunidad para “acelerar aún más el proceso de robotización, telecomando y equipos autónomos”. La automatización, que ya es una realidad en áreas de El Teniente, se perfila no solo como una vía para aumentar la eficiencia, sino como una necesidad imperiosa para alejar a los trabajadores de las zonas de mayor riesgo en una minería que avanza hacia profundidades cada vez más complejas y peligrosas.
Hoy, El Teniente ha reanudado parcialmente sus operaciones en ocho de sus doce sectores. Las áreas más afectadas, incluyendo Andesita y Recursos Norte, permanecen clausuradas. Mientras la producción de cobre se retoma lentamente, las investigaciones continúan. El desenlace de esta historia no está en la recuperación de la normalidad operativa, sino en las lecciones que la principal empresa de Chile y toda la industria minera extraigan de esta dolorosa cicatriz en el corazón del cobre.