Hoy, dos meses después de que Los Ángeles se convirtiera en el epicentro de un tenso pulso entre el poder federal y las autoridades locales, la ciudad ya no vive bajo el ruido de las protestas ni la presencia visible de la Guardia Nacional. Sin embargo, las réplicas de aquellos días de junio de 2025 se sienten con más fuerza que nunca, no solo en los tribunales de California, sino también en las calles de Washington D.C. Lo que comenzó como una respuesta a las manifestaciones contra redadas migratorias ha madurado hasta convertirse en un caso de estudio sobre los límites del poder presidencial y ha dejado una estela de consecuencias humanas y económicas que recién ahora salen a la luz.
Todo comenzó a principios de junio, cuando las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), parte de la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, encendieron la chispa en barrios predominantemente latinos como Paramount. Las protestas ciudadanas fueron respondidas con una escalada sin precedentes: el 7 de junio, Trump ordenó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, invocando una disposición poco utilizada del Código de las Fuerzas Armadas que le permitió federalizar las tropas y pasar por encima de la autoridad del gobernador de California, Gavin Newsom. La Casa Blanca justificó la medida como necesaria para sofocar una "rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos" y controlar la "anarquía".
La tensión escaló rápidamente. A la Guardia Nacional se sumaron 700 marines y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, impuso un toque de queda parcial. El conflicto se personalizó: Trump sugirió que Newsom debería ser arrestado por "obstrucción", a lo que el gobernador respondió desafiante en redes sociales: "Arréstame".
El despliegue militar en Los Ángeles no fue solo una operación de seguridad, sino la materialización de un profundo conflicto sobre el federalismo y la autoridad.
Con el paso de las semanas, las consecuencias del operativo se han hecho dolorosamente visibles, más allá de los titulares políticos. Reportajes de medios como El País han documentado la devastación económica que enfrentan las familias de los inmigrantes detenidos. Al perder a su principal sostén económico, muchas se han visto sumidas en deudas, enfrentando el embargo de sus vehículos y la pérdida de sus ahorros. "Lo perdimos todo", relataba la pareja de un detenido, describiendo cómo los sueños de estabilidad se desvanecieron junto con sus bienes.
El impacto se extendió a los miembros más vulnerables de estas familias: sus mascotas. Refugios de animales en Los Ángeles reportaron un aumento significativo en el número de perros y gatos abandonados, víctimas colaterales de la detención de sus dueños.
El debate sobre la legalidad y las consecuencias del despliegue en Los Ángeles sigue abierto, con una audiencia judicial clave programada para esta semana. Sin embargo, la administración Trump no ha esperado el veredicto para replicar el modelo. A principios de agosto, citando un supuesto aumento del crimen, el presidente anunció un plan de intervención en Washington D.C. que incluye el despliegue de la Guardia Nacional, la federalización de la policía local y la expulsión de personas sin hogar del centro de la ciudad.
La estrategia es la misma: diagnosticar una crisis de "ley y orden" en una ciudad gobernada por demócratas, desacreditar a las autoridades locales y justificar una intervención federal directa. Esto sugiere que lo ocurrido en Los Ángeles no fue un hecho aislado, sino el ensayo de una nueva doctrina de poder centralizado que desafía la autonomía local y estatal.
El caso de Los Ángeles, por tanto, ha dejado de ser una historia local para convertirse en un capítulo crucial del debate nacional en Estados Unidos. Las preguntas que planteó en junio siguen sin respuesta y ahora resuenan con más fuerza: ¿Cuáles son los límites del poder ejecutivo en una emergencia? ¿Puede el gobierno federal intervenir militarmente en una ciudad en contra de la voluntad de sus autoridades electas? La resolución de estas interrogantes, tanto en los tribunales como en la arena política, definirá el equilibrio de poder en el país para los próximos años.