El Fisco tiene dos caras: El caso contribuciones fuerza a repensar el pacto fiscal chileno

La renuncia de Javier Etcheberry a la dirección del Servicio de Impuestos Internos (SII) a fines de julio cerró un capítulo, pero abrió una discusión de fondo. El escándalo por el no pago de contribuciones de su propiedad en Paine durante nueve años no fue la causa de la crisis, sino el detonante que expuso las grietas de un sistema que la ciudadanía y los expertos ya percibían como desigual y opaco. Ahora que el ruido mediático ha bajado, es posible analizar las consecuencias y los futuros que se abren para el pacto fiscal en Chile.

El problema no era nuevo. Meses antes del escándalo, abogados tributaristas ya hablaban del cálculo de las contribuciones como una “caja negra” y cartas al director en diversos medios alertaban sobre la carga injusta para jubilados y la clase media. Lo que hizo el caso Etcheberry fue ponerle un rostro de alta investidura a esa sospecha generalizada: que las reglas no son las mismas para todos. La defensa inicial del exdirector, culpando a la burocracia que él mismo comandaba, y su posterior pago de la deuda solo tras la presión pública, solidificaron la percepción de un privilegio de élite.

Este evento no se puede aislar. Ocurre en un contexto de debates sobre reformas tributarias, aumento del costo de la vida y una persistente desconfianza en las instituciones. La pregunta ya no es si el sistema es eficiente, sino si es legítimo. A partir de este punto de inflexión, se perfilan tres escenarios probables para el futuro del pacto fiscal chileno.

Escenario 1: El Parche Institucional (Futuro a corto plazo)

En este escenario, el sistema político opta por la contención de daños. El Gobierno nombra un nuevo director o directora para el SII con un perfil técnico intachable y un mandato de “probidad y transparencia”. Se anuncian medidas para modernizar la fiscalización de bienes raíces, quizás con una plataforma en línea que explique mejor el cálculo de las contribuciones. Se realizan seminarios y comisiones, pero la Ley sobre Impuesto Territorial, que data de hace casi un siglo, no se toca en su estructura fundamental.

• Factores clave: Voluntad política de evitar un debate conflictivo en un ciclo electoral. Presión de grupos de interés por mantener el statu quo. La atención mediática se desplaza a otros temas.
• Consecuencias: La confianza pública no se recupera. La percepción de “justicia por mano propia” tributaria podría aumentar la evasión a pequeña y mediana escala. El sistema sigue siendo vulnerable a un escándalo similar en el futuro, con un costo político aún mayor. La legitimidad del cobro de impuestos sigue erosionándose silenciosamente.

Escenario 2: La Reforma Técnica (Futuro a mediano plazo)

El consenso técnico, que ya existía antes de la crisis, se impone. Se forma una comisión transversal de expertos para proponer una reforma integral al impuesto territorial y, posiblemente, a otros tributos patrimoniales. El objetivo es crear un sistema basado en datos, transparente y con una base legal sólida, alineado con las prácticas de la OCDE. Se eliminan las exenciones injustificadas y se simplifica el cálculo para que cualquier ciudadano pueda entenderlo y auditarlo.

• Factores clave: Presión sostenida de gremios, académicos y colegios profesionales. Un acuerdo político para encapsular el problema en una solución técnica y desideologizada.
• Consecuencias: Chile tendría un sistema de impuestos a la propiedad más moderno y eficiente. Se reduciría la discrecionalidad y la opacidad. Sin embargo, si el proceso es percibido como un acuerdo de élites a puertas cerradas, podría no resolver la crisis de confianza política. Los ciudadanos podrían ver un sistema técnicamente perfecto, pero que sigue sin responder a sus demandas de justicia y equidad distributiva.

Escenario 3: La Renegociación del Contrato Fiscal (Futuro a largo plazo)

La crisis escala de un problema tributario a una cuestión fundamental del pacto social. El debate público conecta la justicia tributaria con la calidad del gasto público, la probidad y la igualdad ante la ley. La ciudadanía exige no solo pagar lo justo, sino saber en qué se usa su dinero y que las más altas autoridades cumplan la ley de forma ejemplar. Esto fuerza una discusión política más amplia sobre el rol del Estado y la responsabilidad de las élites.

• Factores clave: Movilización de la sociedad civil. Liderazgos políticos que capitalizan el descontento y lo canalizan hacia una agenda de reformas profundas. La incapacidad de los otros dos escenarios para restaurar la confianza.
• Consecuencias: Este es el camino más conflictivo, pero también el único que podría reconstruir un pacto fiscal sobre bases sólidas de legitimidad. Podría resultar en un sistema tributario no solo más justo, sino también más simple y con mayor aceptación social. El riesgo es una polarización extrema que entrampe las reformas y agudice la crisis de gobernabilidad. El resultado final dependerá de la capacidad de los actores políticos para forjar nuevos acuerdos en un terreno de alta desconfianza.