Hoy es 12 de agosto de 2025. Hace casi dos meses, un asesinato en Ñuñoa sacudió los círculos del poder informal de Santiago. Hoy, la sombra de ese crimen se proyecta a más de 2.500 kilómetros de distancia, hasta la Patagonia argentina. La reciente alerta emitida por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz para localizar a Alberto Carlos Mejía Hernández, presunto sicario del "Rey de Meiggs", no solo reactiva un caso que parecía enfriarse, sino que lo transforma en un espejo de las vulnerabilidades de Chile frente al crimen organizado transnacional. A continuación, desglosamos en formato de preguntas y respuestas la evolución de una fuga que ha puesto en jaque a las instituciones.
¿Qué pasó exactamente para que un sicario detenido quedara en libertad?
La historia de la fuga de Mejía Hernández es, en esencia, la crónica de una falla sistémica. Tras el asesinato de José Felipe Reyes Ossa —el llamado "Rey de Meiggs"— el 19 de junio, el sospechoso fue detenido. Sin embargo, según confirmaron diversas fuentes judiciales y reportes de prensa como Cooperativa.cl, el individuo utilizó una identidad falsa. El error crucial ocurrió en el sistema de justicia: el RUT provisorio asignado a extranjeros, un mecanismo pensado para la regularización, demostró ser una puerta giratoria. Este registro no está vinculado a datos biométricos como huellas dactilares o fotografías en las bases de datos policiales, lo que permitió a Mejía Hernández engañar al sistema y ser liberado. Una vez fuera, su rastro se desvaneció. Investigaciones posteriores, citadas por BioBioChile, revelaron que pagó 2,5 millones de pesos para ser trasladado clandestinamente hacia el norte, cruzando a Perú y, desde allí, moviéndose por un corredor criminal que ahora se presume lo ha llevado al sur de Argentina.
¿Cómo se conecta este crimen con la situación del barrio Meiggs?
El asesinato de Reyes Ossa no fue un hecho aislado, sino el clímax de una larga y violenta disputa por el control territorial en Meiggs, un polo comercial históricamente asediado por mafias y comercio ilegal. La víctima era una figura central en las redes de poder del barrio. Su muerte ocurrió justo antes de la intervención más ambiciosa que ha visto la zona en años, liderada por el nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), y coordinada con el gobierno central.
Desde finales de julio, el operativo ha logrado despejar calles emblemáticas, desmantelar los "toldos azules" e incautar bodegas clandestinas. Este esfuerzo, impulsado por la presión de dirigentes como Adolfo Numi de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, ha sido presentado como una victoria del Estado. Sin embargo, la fuga de Mejía Hernández genera una disonancia cognitiva profunda: mientras el Estado celebra la recuperación de un espacio físico, el presunto autor intelectual de la violencia que lo motivó se mueve libremente por el continente. La limpieza de las calles contrasta con la porosidad de las fronteras.
¿Qué diferentes perspectivas existen sobre estos hechos?
El caso ha expuesto tensiones en múltiples niveles:
¿Está el tema cerrado o qué sigue ahora?
El caso está lejos de cerrarse; ha mutado. La investigación local sobre el homicidio ha evolucionado hacia una cacería internacional. La fuga de Alberto Mejía Hernández ha dejado de ser solo un problema policial para convertirse en un cuestionamiento directo a la soberanía y a la robustez institucional de Chile. Las preguntas que quedan abiertas son críticas: ¿Cómo se fortalecerá el sistema de identificación de extranjeros para evitar que esto se repita? ¿Qué tan efectivas son las políticas de control fronterizo si pueden ser burladas con relativa facilidad por redes criminales? Y, finalmente, ¿pueden las intervenciones locales, por exitosas que parezcan en la superficie, resolver un problema cuyas raíces y redes operan a escala continental?
La búsqueda en la Patagonia es ahora el nuevo capítulo de una historia que comenzó en las caóticas calles de Meiggs. El resultado de esta cacería determinará no solo el destino de un fugitivo, sino también la credibilidad de la estrategia de seguridad del Estado chileno en su conjunto.