Una avenida divide a San Miguel: La consulta que midió el pulso de la memoria y la democracia local

Preguntas y Respuestas: La Batalla por la Esquina en San Miguel

Hoy, 12 de agosto de 2025, el Concejo Municipal de San Miguel tiene en su tabla una decisión que trasciende con creces la nomenclatura de una calle. Votará si la Avenida Salvador Allende vuelve a llamarse Salesianos, su nombre original. Lejos de ser un trámite administrativo, la deliberación es el capítulo final de un proceso que durante los últimos dos meses ha funcionado como un laboratorio a escala de las fracturas más profundas de Chile: la memoria, la identidad y los límites de la democracia local.

Para comprender cómo una avenida se convirtió en el epicentro de un debate nacional, este artículo desglosa la controversia en sus preguntas fundamentales.

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¿Cuál es el origen del conflicto?

La arteria en cuestión fue conocida durante décadas como Avenida Salesianos, en referencia a la congregación religiosa con fuerte presencia histórica en la comuna. Tras el golpe de Estado de 1973, su nombre fue cambiado a Gran Avenida. Con el retorno a la democracia, y en un acto de reparación simbólica, fue rebautizada como Avenida Salvador Allende.

La controversia actual comenzó a gestarse a mediados de este año, cuando la administración de la alcaldesa Carol Bown (UDI) impulsó una consulta ciudadana para decidir sobre el nombre de la vía. La iniciativa, según el municipio, respondía al sentir de una parte de los vecinos que nunca dejaron de usar el nombre antiguo y que lo consideraban parte de la "geografía emocional" del barrio, despojado de la carga política que representa la figura de Allende.

¿Qué reveló la consulta y por qué generó polémica?

El 6 de agosto, el municipio comunicó los resultados de un proceso de cinco meses: con la participación de residentes de la avenida, un 82% se inclinó por restituir el nombre de Salesianos. Para la alcaldesa Bown, el resultado fue una victoria de la democracia directa. "No se trata de borrar la memoria", escribió en una carta a la prensa, "se trata de respetar la voluntad de quienes viven en ese lugar, de preguntar antes de imponer".

Sin embargo, el resultado y la metodología fueron inmediatamente cuestionados por parlamentarios y concejales de oposición. Los diputados Daniel Melo, Lorena Pizarro y Gael Yeomans acusaron un "sesgo ideológico" y oficiaron a la Contraloría, argumentando que la consulta no era representativa y que instrumentalizaba a los vecinos para avanzar una agenda política revisionista. La alcaldesa defendió la transparencia del proceso, asegurando que la Contraloría ya se había pronunciado el 21 de julio, validando la facultad del municipio para realizar consultas sobre asuntos de interés local.

La disputa se agudizó cuando el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), un órgano consultivo, votó por 7 a 4 a favor de mantener el nombre de Salvador Allende, evidenciando que incluso a nivel local no existía un consenso.

¿Qué visiones de país y de memoria chocan en esta disputa?

La controversia de San Miguel encapsula dos lógicas que operan en paralelo en el Chile actual.

• La perspectiva de la identidad local y la democracia directa: Defendida por la alcaldesa y los vecinos que votaron por el cambio, esta visión prioriza el arraigo y la voluntad de la comunidad directamente afectada. Sostiene que los nombres de los espacios públicos deben reflejar la historia cotidiana y el sentir de sus habitantes, no ser un campo de batalla para disputas ideológicas nacionales. En esta lógica, la consulta es la máxima expresión democrática.

• La perspectiva de la memoria nacional y los símbolos: Sostenida por organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda y figuras del mundo académico, esta visión argumenta que ciertos nombres, como el de Salvador Allende, trascienden lo local. Representan un patrimonio histórico y un compromiso colectivo con la democracia y la condena a las violaciones de derechos humanos. Desde este prisma, cambiar el nombre de la avenida es un acto de negacionismo que se inscribe en un "momento revisionista", como lo calificó el analista Alfredo Joignant, donde se busca relativizar el pasado reciente. La activista Julieta Martínez, en una columna reciente, reforzaba esta idea al señalar que frente a discursos que buscan minimizar el quiebre democrático, recordar se vuelve un acto de resistencia cívica.

¿Por qué este debate local resuena a nivel nacional?

Porque no es un hecho aislado. Ocurre en un Chile polarizado y en año de elecciones presidenciales, donde las figuras de Allende y Pinochet han vuelto a ser utilizadas como significantes políticos. La candidatura de Jeannette Jara (PC) por la centro-izquierda y la de figuras de derecha como Johannes Kaiser, quien ha justificado públicamente un eventual golpe de Estado, han reactivado debates que se creían en vías de superación.

La "batalla por la esquina" en San Miguel, por tanto, dejó de ser sobre una calle para convertirse en una pregunta sobre el país: ¿Tiene una comunidad local la soberanía para borrar un símbolo de la historia nacional? ¿O tiene el Estado el deber de proteger ciertos nombres como parte de una política de memoria que trasciende las mayorías circunstanciales de un barrio?

¿Cuál es el estado actual de la situación?

El debate está abierto y la decisión final recae en el Concejo Municipal de San Miguel, que vota hoy. Cualquiera sea el resultado, la controversia ya ha cumplido un rol: ha demostrado que la negociación sobre el pasado en Chile sigue viva y se disputa en todos los frentes, desde los foros presidenciales hasta las veredas de un barrio de clase media. La consulta de San Miguel no solo midió la preferencia por un nombre, sino la temperatura de una memoria que se niega a ser un asunto resuelto.