El reposo cuestionado: 602 uniformados bajo sumario abren un debate sobre la probidad en las Fuerzas Armadas

La anatomía de una crisis de confianza

Lo que comenzó en mayo de 2025 como un cruce de datos masivo por parte de la Contraloría General de la Repúbica, revelando a miles de "enfermos viajeros" en el aparato estatal, ha madurado hasta convertirse en un examen profundo a la probidad de una de las instituciones más jerárquicas del país: las Fuerzas Armadas. Hoy, a casi tres meses de la alerta inicial, la discusión ya no se centra solo en la cifra, sino en sus implicancias. Son 602 los uniformados —386 del Ejército, 158 de la Fuerza Aérea y 58 de la Armada— que enfrentan sumarios administrativos por haber salido de Chile mientras se encontraban con licencia médica. El caso, lejos de cerrarse, ha abierto una caja de Pandora sobre la cultura interna, los controles y la confianza ciudadana.

La comparecencia de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y los altos mandos ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados el pasado 11 de agosto marcó un punto de inflexión. Se pasó de la denuncia anónima y masiva a la rendición de cuentas con nombres, rangos y plazos. El Ministerio de Defensa se comprometió a que las investigaciones internas concluirían su fase indagatoria a fines de agosto, pero el proceso ha dejado al descubierto una tensión fundamental.

La doble falta: entre la justificación y la norma

Una de las aristas más complejas del caso es la explicación ofrecida por la ministra Delpiano, quien señaló un patrón geográfico en los viajes. Según la autoridad, una parte importante de los casos se concentra en Arica y Punta Arenas, donde es común que los habitantes crucen a Tacna (Perú) o a Río Turbio (Argentina) para acceder a especialistas médicos o abastecerse. "Esto no justifica, pero en parte explica", afirmó Delpiano.

Esta explicación, sin embargo, choca frontalmente con la normativa militar. Para el personal de las FF.AA., la falta es doble: no solo se presume un incumplimiento del reposo médico, sino que se viola una regla fundamental estipulada en el artículo 144 del Estatuto del Personal: la prohibición de salir del país sin autorización previa. Esta norma no admite excepciones geográficas ni logísticas. Para la institución, un uniformado que jura defender la patria no puede abandonar el territorio sin permiso, independientemente del motivo.

Esta disonancia entre la explicación pragmática y la rigidez de la norma es el núcleo del debate actual. Mientras los altos mandos, como el general Rodrigo Pino del Ejército, aseguran que se aplicará el reglamento con sanciones que podrían llegar a la destitución, la explicación de la ministra introduce un matiz que busca contextualizar, pero que para algunos parlamentarios y parte de la opinión pública, suena a una relativización de una falta considerada gravísima.

Más allá del cuartel: ¿un sistema que incentiva el fraude?

El escándalo en las FF.AA. no es un hecho aislado. Se inscribe en un fenómeno mayor que la Contraloría ha denominado "corrupción hormiga": miles de funcionarios públicos que, estando con licencia, fueron detectados en casinos o viajando. Esto ha llevado a actores como el Colegio Médico a elevar la mirada más allá del castigo individual.

En una carta pública, su presidenta, Anamaría Arriagada, argumentó que la nueva ley que refuerza la fiscalización (Ley 21.746) es insuficiente si no se aborda el problema de fondo: un sistema de Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) que genera desconfianza generalizada. Según el gremio, se sospecha del médico, se duda del paciente y se dilatan los pagos, creando un ambiente que puede incentivar conductas fraudulentas como reacción a un sistema percibido como injusto o ineficiente.

Esta perspectiva obliga a una reflexión más incómoda: ¿son los 602 uniformados únicamente responsables de una falta a la probidad individual o son también el síntoma de una falla sistémica que afecta a todo el Estado? La propuesta del Colegio Médico de avanzar hacia una reformulación integral del sistema, basada en la confianza y la corresponsabilidad, contrasta con el enfoque del gobierno y el parlamento, centrado principalmente en el control y la sanción.

El estado del debate: sumarios en curso, confianza en juego

A día de hoy, el tema sigue abierto y en plena evolución. Las investigaciones administrativas dentro de las FF.AA. determinarán el destino de los 602 funcionarios, sentando un precedente sobre cómo la institución maneja las faltas a la probidad en la era de la fiscalización digital. Sin embargo, el impacto ya es visible: la confianza en la disciplina y el honor militar, pilares de su legitimidad, ha sido erosionada.

El caso ha transitado de ser una noticia sobre fraude a convertirse en un debate sobre la cultura organizacional, la efectividad de los controles internos y, en un plano más amplio, sobre si el Estado chileno debe optar por un modelo de mayor control punitivo o por una reforma estructural que reconstruya la confianza en el derecho al reposo. Las conclusiones de los sumarios a fines de agosto serán solo el fin de un capítulo, no el cierre del libro.