¿Qué pasó exactamente?
A principios de agosto de 2025, una serie de reportajes de medios internacionales como WIRED y la BBC desvelaron con un detalle sin precedentes la maquinaria global de ciber-trabajadores de Corea del Norte. Lejos de ser simples hackers, se trata de una red organizada de miles de especialistas en informática, enviados a países como China y Rusia. Desde allí, utilizando identidades falsas, perfiles de LinkedIn fraudulentos y, en ocasiones, deepfakes en entrevistas de trabajo, consiguen empleos remotos en empresas de tecnología y criptomonedas de todo el mundo. El testimonio de un desertor, identificado como "Jin-su", reveló que hasta el 85% de sus ingresos, que podían superar los 5.000 dólares mensuales, era enviado directamente para financiar al régimen de Kim Jong Un, incluyendo sus programas de armamento.
La operación, descrita como metódica y de escala industrial, no solo implica fraude laboral, sino que también representa una puerta de entrada para el espionaje y el robo de datos. Según informes de la ONU, esta red genera entre 250 y 600 millones de dólares anuales para Pyongyang.
¿Por qué esto es relevante para Chile ahora, dos meses después?
Lo que parecía una trama de espionaje lejana se convirtió en un catalizador para un debate urgente sobre la seguridad nacional de Chile. El 11 de agosto, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Marcó, compareció ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Su diagnóstico fue tajante: el paradigma de seguridad chileno, diseñado para conflictos territoriales del siglo XX, es obsoleto frente a las amenazas del siglo XXI.
Marcó utilizó el caso norcoreano como el ejemplo perfecto de la "nueva guerra" o "guerra híbrida". Sostuvo que el espionaje moderno ya no se enfoca únicamente en objetivos militares clásicos, sino en la infraestructura crítica de un país: puertos, aeropuertos, redes de telecomunicaciones, sistemas energéticos y financieros. La capacidad de un actor estatal, como Corea del Norte, para infiltrar empresas tecnológicas occidentales demuestra que la soberanía ya no se defiende solo en las fronteras físicas, sino también en las redes digitales.
Su intervención elevó una discusión legislativa puntual —sobre la competencia de tribunales militares en casos de espionaje— a una cuestión estratégica fundamental: Chile necesita repensar y modernizar todo su sistema de inteligencia para hacer frente a adversarios que operan globalmente y de forma anónima.
¿Cómo evolucionó la discusión a nivel político?
La propuesta de Marcó no fue recibida con unanimidad, reflejando la polarización del espectro político.
Este cruce de declaraciones evidencia el principal obstáculo para la reforma: mientras la ANI plantea un desafío técnico y estratégico, su solución depende de un consenso político que hoy parece lejano. La discusión se enmarca, además, en un contexto más amplio de dificultades del Estado para legislar sobre tecnología, como lo demostró el reciente retiro de la urgencia al proyecto de ley de Inteligencia Artificial, que según el propio gobierno, requería una discusión más profunda.
¿Cuál es el estado actual del tema?
El tema ha transitado de una alerta internacional a una propuesta formal de reforma institucional en Chile. Ya no se trata de si la amenaza existe, sino de cómo el país se organizará para enfrentarla. La exposición de la ciberestrategia norcoreana obligó a la inteligencia chilena a sincerar sus carencias y a poner sobre la mesa una modernización impostergable.
El debate está abierto y en pleno desarrollo. La pregunta que queda suspendida en el aire del Congreso es si las instituciones chilenas lograrán construir una estrategia de seguridad para el siglo XXI o si las vulnerabilidades expuestas por esta "guerra de clics" seguirán siendo un flanco abierto en la defensa del país.
2025-07-31