La ofensiva de Sheinbaum en Michoacán enfrenta la compleja realidad de la violencia: cinco detenidos, pero la inseguridad persiste

A poco más de un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y tras la presentación del ambicioso "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la ofensiva contra el crimen organizado en esta entidad mexicana ha comenzado a mostrar resultados operativos concretos: cinco personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidas en tres días, dos de ellas menores de edad. Sin embargo, este avance policial convive con un escenario de violencia estructural que mantiene a Michoacán como uno de los estados más letales para alcaldes y productores agrícolas.

Contexto y relevancia actual

El asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, fue un punto de inflexión que detonó protestas masivas y una crisis política que llevó al Gobierno federal a diseñar un plan integral de seguridad, desarrollo económico y cultura para la paz. La respuesta inmediata incluyó el despliegue de más de 10.500 militares y un paquete de inversión pública y privada cercano a los 57 mil millones de pesos mexicanos, destinado a reforzar carreteras, programas sociales y seguridad.

Este plan es el cuarto intento en casi dos décadas por pacificar Michoacán, un estado con una historia marcada por la violencia ligada al narcotráfico, la extorsión y la captura criminal de las instituciones locales. En los últimos 20 años, 18 alcaldes en funciones han sido asesinados en esta entidad, una cifra que refleja la profundidad del desafío.

Evolución de la ofensiva y actores involucrados

Entre el 6 y 9 de noviembre, fuerzas federales, incluyendo la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional, realizaron operativos en municipios como Buenavista, Cotija y Huetamo, que resultaron en la detención de cinco personas presuntamente ligadas al CJNG, la incautación de 330 kilogramos de drogas sintéticas, 52 kilogramos de explosivos, armamento y vehículos. La estrategia incluye además una línea de denuncia anónima y un refuerzo en la atención a sectores vulnerables como los agricultores de aguacate y limón, víctimas recurrentes de extorsión.

Sin embargo, la complejidad del fenómeno criminal en Michoacán supera la capacidad de la fuerza pública. El CJNG disputa territorio con otros grupos como Los Viagras y Carteles Unidos, además de los remanentes de La Familia Michoacana. Esta fragmentación ha generado un mosaico de violencia que afecta no solo a funcionarios públicos, sino también a la población civil y a sectores productivos.

Perspectivas diversas y tensiones políticas

La respuesta gubernamental ha sido recibida con escepticismo y críticas desde distintos sectores. El gobernador estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, ha sido cuestionado por su gestión y señalado por una parte de la sociedad y la oposición como responsable de la desatención en seguridad. Por su parte, la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha expresado su intención de que las próximas elecciones reflejen un voto de castigo contra quienes no han garantizado la seguridad.

Expertos en seguridad y analistas políticos advierten que la militarización y las detenciones son solo una parte de la solución, y que es imprescindible una transformación profunda en la gobernanza, profesionalización policial y desarrollo social para desarticular las redes criminales que infiltraron el aparato estatal.

Antecedentes históricos que explican la crisis

Michoacán fue el epicentro de la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón, que llevó al despliegue masivo de tropas y enfrentamientos violentos con los cárteles. A pesar de los esfuerzos, la violencia se ha mantenido alta, con picos de asesinatos y desapariciones, y la consolidación de grupos criminales que diversificaron sus actividades hacia la extorsión y el control económico regional.

Además, la pobreza estructural, con más del 40% de la población bajo el umbral de la pobreza, y la riqueza generada por la producción agrícola y el puerto Lázaro Cárdenas, crean un escenario propicio para la infiltración criminal.

Estado actual y perspectivas a futuro

La ofensiva de Sheinbaum ha logrado avances operativos y ha puesto en el centro del debate la necesidad de un enfoque integral que combine seguridad con desarrollo social y justicia. No obstante, la violencia y la inseguridad en Michoacán siguen siendo un problema abierto. La situación está lejos de estar resuelta y se mantiene en un estado de tensión y vigilancia constante.

Los próximos meses serán clave para evaluar la efectividad del plan estatal y federal, la capacidad de las instituciones para mantener el control y la respuesta social a una crisis que ha marcado profundamente la vida política, económica y social de Michoacán.

Fuentes y diversidad de voces

Este análisis se basa en informes de medios mexicanos y extranjeros, declaraciones oficiales, análisis de expertos en seguridad y derechos humanos, así como testimonios de actores locales. Se reconoce la complejidad del fenómeno y la multiplicidad de perspectivas, desde la institucional hasta la ciudadana, sin pretender neutralizar los conflictos, sino presentarlos con claridad para fomentar un entendimiento crítico y profundo.