Senado destituye al juez Antonio Ulloa por vínculos con red de influencia judicial: tensiones políticas y dilemas de transparencia
El pasado 10 de noviembre de 2025, el Senado chileno aprobó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, con una votación que selló su destitución y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cinco años. Esta decisión pone fin a una carrera judicial de 36 años y marca un hito en la lucha contra la corrupción y las redes de influencia en el Poder Judicial.
Contexto y relevancia actual
La relevancia de este caso trasciende la figura de Ulloa y se inserta en un debate más amplio sobre la transparencia, la probidad y la independencia judicial en Chile. La acusación se fundamentó en tres capítulos, que fueron aprobados por mayoría absoluta en el Senado:
- Falta al deber de reserva: filtración reiterada de información judicial confidencial al abogado Luis Hermosilla, protagonista del denominado "caso Audios".
- Falta al deber de abstención e imparcialidad: participación en causas donde tenía vínculos con los intervinientes, sin inhabilitarse.
- Intervención indebida en nombramientos judiciales: influencias y recomendaciones a favor de postulantes en procesos de designación judicial.
Estos hechos fueron investigados inicialmente en la Corte Suprema, que no logró el quórum necesario para destituirlo, lo que derivó en la presentación de la acusación constitucional por parte de diputados oficialistas, trasladando el debate al Congreso.
Evolución del proceso y actores involucrados
El proceso se inició tras la revelación pública de chats y audios entre Ulloa y Hermosilla, que evidenciaban una red de influencias para favorecer intereses particulares dentro del sistema judicial. La Corte Suprema sancionó a Ulloa con una suspensión de dos meses con medio sueldo, pero la falta de quórum para su remoción abrió paso a la vía política.
La Cámara de Diputados aprobó la acusación con 141 votos a favor, y el Senado, en una sesión marcada por la tensión política y enfrentamientos, ratificó la destitución. Destacaron en la jornada las intervenciones del diputado Daniel Manouchehri (PS), impulsor del libelo, y de la senadora Yasna Provoste (DC), mencionada en los chats y que negó cualquier influencia indebida.
El debate se tensó cuando Manouchehri aludió a conversaciones informales entre Ulloa y Provoste, lo que provocó una airada reacción de esta última y un altercado con el senador Fidel Espinoza (PS), que obligó a suspender momentáneamente la sesión. Las disputas evidenciaron que el caso también se cruzó con rivalidades políticas y estrategias electorales, dado que la votación ocurrió a pocos días de las elecciones parlamentarias.
Perspectivas y posturas diversas
- Oficialismo y oposición de centroizquierda: enfatizaron la necesidad de un mensaje claro contra la impunidad y la corrupción, destacando la importancia de proteger la independencia judicial sin tolerar prácticas ilícitas.
- Senadores de derecha y algunos independientes: expresaron preocupación por la proporcionalidad de la sanción y por el uso político de la acusación, además de cuestionar la doble sanción y la posible politización del proceso.
- Defensa de Ulloa: el exjuez sostuvo que su conducta, aunque imprudente, no constituyó delito y denunció una "vendetta política" con motivaciones electorales. Rechazó pertenecer a redes de corrupción y defendió su trayectoria judicial.
Antecedentes estructurales y desafíos
El caso Ulloa no es un episodio aislado, sino la manifestación de prácticas arraigadas en el sistema judicial chileno, donde la influencia política y las redes de poder han permeado decisiones clave, como nombramientos y resoluciones judiciales. La "práctica consuetudinaria" de recomendaciones y contactos, reconocida incluso por el propio Ulloa, revela la necesidad de reformas profundas en los mecanismos de designación y control judicial.
Además, la tensión entre la independencia judicial y la rendición de cuentas se hace patente: ¿cómo garantizar que los jueces actúen con autonomía sin caer en redes de favoritismo? ¿Dónde trazar la línea entre la política legítima y la corrupción? Estos interrogantes permanecen abiertos y exigen un debate público informado y plural.
Estado actual y perspectivas futuras
Con la destitución de Ulloa, el Senado envió un mensaje claro sobre la intolerancia a la corrupción en la judicatura, pero el tema sigue en debate en la sociedad y en los círculos políticos y judiciales. La discusión sobre reformas institucionales para transparentar y democratizar el Poder Judicial está en la agenda, aunque enfrenta resistencias y complejidades.
El caso también tendrá repercusiones en el próximo período legislativo, donde se espera que se impulsen iniciativas para fortalecer la ética judicial, mejorar los procesos de nombramiento y sanción, y aumentar la fiscalización ciudadana.
Reflexión final
Este episodio invita a una reflexión profunda sobre la calidad democrática y el Estado de Derecho en Chile. La transparencia y la probidad en la justicia no solo son exigencias técnicas, sino imperativos éticos que sostienen la confianza ciudadana y la legitimidad institucional. La historia de Antonio Ulloa y la red de influencias que lo rodeó es, en definitiva, una oportunidad para repensar y transformar el sistema judicial chileno, con miras a un futuro más justo y equitativo.
---
Fuentes: La Tercera, Cooperativa.cl, El País Chile, Diario Financiero, declaraciones públicas de los protagonistas, documentos oficiales del Congreso Nacional.