
En los últimos días, Puerto Montt ha sido escenario de dos fenómenos que, aunque distintos en su naturaleza, convergen en un diagnóstico común: la ciudad está enfrentando un aumento preocupante de violencia y vandalismo que afecta la convivencia y la percepción de seguridad.
El viernes 7 de noviembre, Alexis Hernández, un joven músico de 23 años, fue asesinado tras resistirse a un robo en plena vía pública de la intersección Santa María con Calbuco. La agresión, perpetrada con un arma blanca que le provocó diez puñaladas, fue cometida por un sujeto que incumplía una medida de arresto domiciliario vigente por otro delito.
La Fiscalía Local y Carabineros desplegaron una investigación que culminó con la detención del presunto autor, quien fue formalizado el 11 de noviembre. A pesar de la rápida acción policial, el crimen ha reabierto el debate sobre la efectividad de las medidas cautelares y la gestión de la seguridad en la ciudad.
Desde la perspectiva judicial, el caso pone en evidencia las limitaciones del sistema para prevenir la reincidencia violenta, mientras que para la comunidad representa una tragedia que refleja la vulnerabilidad de los espacios públicos y la juventud. Voces de organizaciones sociales y académicos han llamado a abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad y la falta de oportunidades, sin caer en respuestas exclusivamente punitivas.
Paralelamente, la alcaldía de Puerto Montt, liderada por Rodrigo Wainraihgt (RN), ha impulsado una política de tolerancia cero contra los rayados y grafitis, con la consigna "El que raya, paga". Esta estrategia se traduce en multas que pueden llegar a los 300 mil pesos, detenciones y la obligación de reparar los daños causados al mobiliario urbano.
Esta política ha tenido resultados visibles: según el municipio, la cantidad de grafitis ha disminuido gracias a un plan de vigilancia con cámaras 24/7 y la actuación de la Unidad Penal Municipal. Sin embargo, la medida también ha generado cuestionamientos desde sectores artísticos y sociales, que advierten sobre el riesgo de criminalizar expresiones culturales y la necesidad de diferenciar entre vandalismo y arte urbano legítimo.
El alcalde Wainraihgt ha defendido la iniciativa como un esfuerzo por dignificar los espacios públicos y mejorar la seguridad, señalando que "no se trata solo de estética, sino de proteger el patrimonio y la convivencia ciudadana".
El escenario que enfrenta Puerto Montt es complejo y polarizado. Por un lado, la comunidad reclama mayor seguridad y sanciones efectivas contra la delincuencia y el vandalismo, especialmente tras hechos trágicos como el asesinato de Alexis Hernández. Por otro, expertos en derechos humanos y cultura urbana advierten sobre la importancia de no reducir la problemática a una cuestión de orden público, sino de abordarla con políticas integrales que incluyan prevención social, educación y oportunidades.
Además, la gestión municipal debe equilibrar la aplicación de la ley con el respeto a la diversidad cultural y los derechos ciudadanos, evitando que la persecución penal se convierta en una herramienta que profundice la exclusión.
Puerto Montt no es un caso aislado; refleja una tendencia nacional donde la violencia urbana y el vandalismo ponen en tensión la convivencia y los modelos de seguridad. La ciudad, que ha experimentado crecimiento demográfico y urbano, enfrenta desafíos en la gestión de sus espacios públicos y en la articulación de políticas que integren justicia, reparación y participación comunitaria.
La muerte de Alexis Hernández y la política municipal contra los rayados son síntomas de un problema mayor, que requiere diálogo entre autoridades, expertos, artistas y la ciudadanía para construir respuestas que no solo sancionen, sino que también prevengan y reparen.
La crisis en Puerto Montt invita a repensar la seguridad urbana más allá de la reacción inmediata. La violencia y el vandalismo son manifestaciones de tensiones sociales profundas que demandan respuestas complejas y multidimensionales. La justicia, la prevención y la participación ciudadana deben converger para recuperar la confianza y el sentido de pertenencia en los espacios públicos.
Este episodio, a la vez doloroso y revelador, es una oportunidad para que Puerto Montt y otras ciudades chilenas reflexionen sobre cómo construir entornos urbanos más seguros, justos y acogedores para todos.