
Desde el estallido del conflicto en octubre de 2023, la Franja de Gaza ha vivido una transformación profunda y dolorosa que va más allá de la mera destrucción física. Más de 68.000 muertos y decenas de miles de desplazados, sumados a la demolición de infraestructuras, barrios enteros y sitios históricos, configuran un escenario donde la memoria colectiva palestina se encuentra en riesgo de borrado.
Arquitectos y urbanistas como Eyal Weizman han alertado que la ofensiva israelí no solo ha destruido edificios y calles, sino que ha erosionado el tejido cultural y social de Gaza, una ciudad habitada de forma continua por miles de años. Espacios emblemáticos como el barrio Al Rimal, la Torre Mushtaha y sitios arqueológicos han sido reducidos a escombros, afectando la identidad y el sentido de pertenencia de sus habitantes. Esta "destrucción de desarraigo", como la denomina Weizman, implica también la afectación de cementerios y lugares de memoria, profundizando el trauma colectivo.
Doaa y Malak Ulyan, palestinas desplazadas, relatan la pérdida irreparable de sus hogares, jardines y la desaparición de espacios que anclaban sus recuerdos y vínculos familiares. Este proceso se inscribe en un patrón histórico de limpieza étnica y ecocidio que, según expertos como Mazin Qumsiyeh, busca reconfigurar el territorio a imagen y semejanza del colonizador.
En respuesta a la crisis humanitaria y política, Estados Unidos ha impulsado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución para desplegar una fuerza internacional en Gaza. Esta fuerza tendría un mandato amplio para garantizar la seguridad, proteger corredores humanitarios, supervisar la desmilitarización del enclave y colaborar en la reconstrucción y gobernanza local bajo la supervisión de un "Consejo de Paz" encabezado por Washington.
El respaldo de países regionales y miembros temporales del Consejo de Seguridad refleja un consenso emergente sobre la necesidad de estabilizar Gaza, aunque persisten dudas sobre la viabilidad y legitimidad de esta iniciativa, dada la complejidad política y la desconfianza histórica entre actores.
Uno de los desafíos más complejos y esenciales para la reconciliación es el derecho a la restitución de viviendas, tierras y propiedades para las víctimas del conflicto. Expertos en derecho internacional y posconflicto, como Scott Leckie y José María Arraiza, subrayan que la paz duradera solo será posible si se garantiza la justicia material y simbólica para las personas desplazadas.
La experiencia internacional en Bosnia, Kosovo y con víctimas del Holocausto ofrece modelos para diseñar procesos transparentes, imparciales y participativos que permitan resolver reclamaciones legítimas, prevenir la especulación inmobiliaria y restaurar la confianza en las instituciones.
Este enfoque debe ser integral, atendiendo también a las víctimas israelíes del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 y promoviendo una justicia restaurativa que reconozca a todas las partes afectadas.
El conflicto ha evidenciado profundas fracturas internas tanto en Israel como en Palestina. Mientras el gobierno de Netanyahu mantiene una base política alineada con sectores mesiánicos y expansionistas, el movimiento Hamas, debilitado pero no derrotado, sigue representando una resistencia armada con una visión maximalista.
El plan de paz impulsado por Donald Trump, aunque criticado por su voluntarismo y falta de realismo político, ha logrado articular un alto el fuego y un marco para la reconstrucción y estabilización. Sin embargo, sin un compromiso genuino que incluya el reconocimiento mutuo, el fin de la ocupación y la garantía de derechos básicos, Gaza corre el riesgo de permanecer como una herida abierta, incubadora de futuros estallidos.
La reconstrucción de Gaza es un desafío monumental que requiere no solo recursos materiales, sino también un compromiso ético con la memoria, la justicia y la dignidad humana. La comunidad internacional, los gobiernos regionales y las sociedades civiles deben asumir la responsabilidad de apoyar procesos que permitan sanar las heridas, reconstruir el tejido social y sentar las bases para una paz sostenible. En ese camino, la restitución de la propiedad y la garantía de derechos para todas las víctimas deben ser el pilar fundamental que evite que la historia se repita.
2025-10-17