Celebración clandestina en Santiago 1: Revelaciones y tensiones en la crisis penitenciaria chilena
El 2 de noviembre de 2025, un video grabado y difundido por internos del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 mostró una escena insólita y perturbadora: una celebración con asado, whisky, música y teléfonos celulares en el módulo 35, donde 23 reclusos fueron sorprendidos en plena fiesta clandestina. Este episodio, que podría parecer anecdótico, se inscribe en una crisis profunda que atraviesa el sistema penitenciario chileno, evidenciando las tensiones entre el control institucional, la corrupción y las dificultades para la reinserción social.
Origen y evolución del episodio
La difusión de las imágenes movilizó de inmediato a Gendarmería, que desplegó un operativo para decomisar los elementos prohibidos: 24 celulares, botellas de alcohol, dinero en efectivo y alimentos no autorizados. Los internos involucrados fueron trasladados a régimen de aislamiento y la institución abrió una investigación interna para determinar responsabilidades administrativas y penales. Paralelamente, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, reconoció públicamente que la relación promedio entre gendarmes y presos en ese módulo era de 1 a 85, con solo dos funcionarios para 569 personas, una situación que calificó de "materialmente imposible" para ejercer un control efectivo. Pérez admitió que "debió existir al menos una alerta" para coordinar un procedimiento adecuado, y anunció sumarios administrativos y medidas para aislar a los internos involucrados.
Contexto estructural: una institución al borde del colapso
Este hecho no es un episodio aislado, sino que forma parte de una serie de eventos que reflejan la gravedad de la crisis penitenciaria. Apenas días antes, se reveló la detención de 12 gendarmes acusados de integrar una red de narcotráfico al interior de los penales, junto a otros siete civiles, en un operativo coordinado por la PDI. Según la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, esta organización criminal operaba desde el Centro de Detención de Alto Hospicio, vendiendo drogas tanto a internos como a funcionarios.
El aumento constante de la población penal —que pasó de 38.297 en 2020 a 63.281 en septiembre de 2025— y el hacinamiento que supera el 129% de la capacidad, con 16 cárceles al 200% o más de ocupación, constituyen factores detonantes de violencia, corrupción y deterioro institucional. El académico y exsubsecretario de Carabineros, Neftalí Carabantes, ha señalado que "la cárcel se ha convertido en la universidad del delito", donde las personas privadas de libertad adquieren habilidades criminales y forman redes que operan tanto dentro como fuera de los recintos.
Perspectivas encontradas: seguridad, corrupción y reinserción
Desde el gobierno, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, ha enfatizado la "tolerancia cero" contra la corrupción y ha destacado los esfuerzos para limpiar a Gendarmería de "malos elementos". Sin embargo, expertos y organizaciones sociales advierten que la solución requiere más que operativos y sanciones: es necesaria una reforma profunda que incluya una nueva gobernanza penitenciaria, mejor clasificación de la población penal, condiciones dignas y un enfoque realista sobre la reinserción.
Por su parte, la propia Gendarmería ha impulsado iniciativas como la marca Rehace, que visibiliza el trabajo productivo de internos en talleres laborales, buscando promover la reinserción social. El director Pérez ha señalado que esta labor es "una de las caras más nobles y humanizadoras del quehacer penitenciario". Sin embargo, la coexistencia de estos esfuerzos con episodios como la fiesta clandestina y la corrupción interna plantea un desafío complejo.
Voces desde el interior y la sociedad
La viralización de la fiesta despertó indignación en la opinión pública y cuestionamientos sobre la capacidad estatal para garantizar la seguridad y el orden en los penales. Algunos sectores políticos han planteado la necesidad de una policía penitenciaria independiente y mayor inversión en infraestructura y personal. En tanto, organizaciones de derechos humanos advierten que la sobrepoblación y las condiciones inhumanas alimentan la violencia y la criminalidad, y que la solución debe respetar los derechos fundamentales.
Conclusión: el sistema penitenciario en la encrucijada
La fiesta con asado y whisky en Santiago 1 es mucho más que un hecho irregular: es un síntoma visible de una crisis estructural que combina hacinamiento, corrupción, violencia y falta de control. La tensión entre la seguridad y la reinserción, la fragilidad institucional y la penetración del crimen organizado configuran un escenario complejo que exige respuestas integrales y sostenidas en el tiempo.
En esta arena, los protagonistas —internos, funcionarios, autoridades y sociedad civil— están en un desafío que trasciende el día a día y que interpela la capacidad del Estado para transformar un sistema que, hoy por hoy, parece al borde del abismo.
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Fuentes: Declaraciones oficiales de Gendarmería y Ministerio de Justicia; informes de La Tercera, Cooperativa.cl y Cambio21; análisis de expertos en seguridad y derechos humanos; datos institucionales de población penal y ocupación carcelaria.