Nueva masacre carcelaria en Ecuador: 27 presos ahorcados en Machala: un síntoma de la crisis penitenciaria sin control
El domingo 9 de noviembre de 2025 quedará marcado como otro día trágico en la historia carcelaria de Ecuador. En el Centro de Privación de Libertad de Machala, provincia de El Oro, al sur del país, se registraron dos episodios violentos en menos de 24 horas que dejaron un saldo de al menos 31 muertos, 27 de ellos ahorcados según confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
Cronología y contexto
La madrugada del domingo se reportó un primer incidente durante una reorganización interna en la nueva cárcel de máxima seguridad, que terminó con la muerte de cuatro reclusos y decenas de heridos, además de un agente policial baleado. Horas después, en la tarde, se encontró a 27 presos muertos por asfixia en la tercera planta del mismo centro penitenciario. Las autoridades atribuyen estos sucesos a enfrentamientos entre bandas rivales que controlan distintos pabellones, una realidad que se repite en varias prisiones ecuatorianas desde 2021.
Este brote de violencia se produce en medio de una crisis estructural que ha dejado más de 600 reos asesinados en cárceles del país desde 2021, según cifras oficiales. El fenómeno responde a la pugna entre grupos delictivos organizados, la insuficiente capacidad estatal para controlar las instalaciones y la falta de políticas penitenciarias efectivas.
Perspectivas enfrentadas
Desde el gobierno, el presidente Daniel Noboa declaró un "conflicto armado interno" contra las bandas criminales que operan dentro y fuera de las cárceles, una medida que ha implicado la militarización parcial de algunos penales y un aumento en las operaciones policiales. Sin embargo, expertos en derechos humanos y organizaciones sociales cuestionan la eficacia y la ética de esta estrategia, señalando que la represión violenta no aborda las causas profundas del problema.
Por un lado, el Ministerio del Interior y el SNAI insisten en que la violencia es producto de luchas internas entre grupos criminales que buscan controlar territorios dentro de los penales. Por otro, defensores de derechos humanos advierten que la ausencia de condiciones dignas, el hacinamiento, la falta de programas de reinserción y la corrupción en el sistema penitenciario alimentan un ciclo de violencia y muerte.
Impacto regional y social
La provincia de El Oro, donde se ubica Machala, ha sido uno de los focos más afectados por esta crisis. La inseguridad carcelaria tiene repercusiones directas en la comunidad, pues la violencia escapa a los muros y genera temor entre los habitantes y funcionarios penitenciarios. Además, la impunidad y la falta de transparencia en las investigaciones han generado desconfianza en las instituciones.
Familiares de los presos y organizaciones civiles han denunciado la falta de información clara y oportuna, y exigen que se garantice la vida y los derechos de las personas privadas de libertad. La crisis también ha puesto en evidencia las deficiencias en la política pública penitenciaria, que requiere un enfoque integral y respetuoso de los derechos humanos.
Constataciones y consecuencias
Los hechos en Machala revelan que la crisis carcelaria ecuatoriana no solo persiste, sino que se agudiza con episodios de violencia extrema que desafían la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y los derechos dentro de sus prisiones.
La estrategia actual, basada en la fuerza y la militarización, ha mostrado resultados limitados y ha generado cuestionamientos éticos y legales. La fragmentación del control penitenciario en manos de bandas criminales evidencia la necesidad de una reforma profunda que incluya la mejora de condiciones, la profesionalización del personal, la implementación de programas efectivos de reinserción y la transparencia en la gestión.
Finalmente, el caso pone en primer plano la tensión entre la seguridad pública y los derechos humanos, y plantea un llamado urgente a la sociedad ecuatoriana y a la comunidad internacional para abordar esta crisis con responsabilidad, rigor y humanidad.
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Fuentes consultadas: Comunicados oficiales del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), reportes de prensa de La Tercera y Cooperativa, análisis de organizaciones de derechos humanos y declaraciones del gobierno ecuatoriano.