Nueva oleada de violencia carcelaria en Ecuador deja al menos 27 muertos: Un sistema penitenciario al borde del colapso
El domingo 9 de noviembre de 2025 quedará marcado en la historia reciente de Ecuador como un día trágico que desnuda la crisis profunda e incesante que atraviesa su sistema penitenciario. En la cárcel de Machala, provincia de El Oro, al sur del país, se registraron dos episodios violentos que dejaron un saldo de al menos 31 muertos: 27 presos hallados ahorcados en la tarde y otros cuatro fallecidos en la madrugada, durante una reorganización en la prisión de máxima seguridad.
Dos episodios, una misma cárcel, un sistema fracturado
La primera tragedia ocurrió en la madrugada, cuando se reportaron cuatro reos muertos y 33 heridos, junto con un agente policial herido, en medio de una "reorganización" interna en el penal. Sin embargo, fue la segunda masacre, en la tarde, la que estremeció al país y a la región: 27 presos murieron por asfixia, producto de la suspensión, según comunicó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).
Las autoridades han mantenido un hermetismo relativo, limitándose a informar que se están realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. No obstante, la magnitud del suceso pone en evidencia la incapacidad estatal para controlar la violencia dentro de las cárceles, donde el poder de facto es ejercido por bandas criminales que operan con creciente autonomía.
Contexto de una crisis estructural
Este episodio se inscribe en un contexto de violencia carcelaria que no es nuevo en Ecuador. Desde 2021, más de 600 internos han muerto en enfrentamientos entre bandas rivales en distintos centros penitenciarios, según cifras oficiales. La situación se ha agravado en 2025, con un aumento del 47% en homicidios en el país durante el primer semestre respecto al año anterior, alcanzando un total de 4.619 casos.
Las cárceles ecuatorianas, como la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil o la cárcel de Esmeraldas, han sido escenario de masacres y enfrentamientos sangrientos, lo que ha llevado a la militarización de algunos recintos y a la declaración de un "conflicto armado interno" por parte del presidente Daniel Noboa en 2024, con el objetivo de combatir a las bandas delictivas.
Perspectivas encontradas: entre la seguridad y los derechos humanos
Desde el gobierno, la estrategia ha sido endurecer el control y aumentar la presencia militar-policial en las prisiones, buscando frenar la escalada de violencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad cuestionan la eficacia y la ética de estas medidas, señalando que la solución pasa por reformas estructurales que aborden las causas profundas: el hacinamiento, la falta de programas de rehabilitación, la corrupción y la ausencia de un sistema penitenciario digno y funcional.
La sociedad civil, por su parte, observa con preocupación cómo la violencia carcelaria impacta en la seguridad ciudadana y en la imagen del Estado, mientras las familias de los internos viven en la incertidumbre y el dolor.
Consecuencias y desafíos a futuro
La masacre de Machala no solo revela la fragilidad del sistema penitenciario ecuatoriano, sino que también pone en tela de juicio las políticas públicas y la capacidad institucional para garantizar el orden y los derechos dentro de las cárceles. La tensión entre la necesidad de seguridad y el respeto a los derechos humanos se vuelve más evidente que nunca.
El desafío para Ecuador es mayúsculo: reformar un sistema carcelario colapsado, desarticular las redes criminales que lo controlan y evitar que la violencia siga reproduciéndose dentro y fuera de los muros penitenciarios. La tragedia de Machala es un llamado urgente a la reflexión y a la acción coordinada entre autoridades, sociedad civil y organismos internacionales para construir un modelo penitenciario que no sea sinónimo de muerte y deshumanización.
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Fuentes: Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), reportes de prensa de La Tercera y Cooperativa.cl, análisis de expertos en seguridad y derechos humanos.