Sitios prioritarios: tensiones y desafíos en la protección ambiental y el desarrollo productivo
Desde septiembre de 2025, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ha impulsado un ambicioso proceso para declarar 99 sitios prioritarios que abarcan aproximadamente cuatro millones de hectáreas, con el objetivo de avanzar en la protección de la biodiversidad y cumplir con la meta internacional de conservar al menos el 30% del territorio nacional para 2030. Sin embargo, esta iniciativa, enmarcada en la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ha generado un complejo escenario de tensiones y cuestionamientos que aún no se resuelven.
Origen y evolución del conflicto
El proceso comenzó con la publicación en el Diario Oficial de los listados de sitios prioritarios en las macrozonas norte, centro y sur, seguido de una consulta pública destinada a recibir observaciones ciudadanas. La declaratoria tiene como propósito establecer un marco legal para áreas de alto valor ecológico, que no son estrictamente áreas protegidas, pero que sí requieren medidas de conservación y restricciones específicas para el uso del suelo.
No obstante, el MMA inició esta consulta sin contar con los reglamentos que la propia ley exige para definir procedimientos y criterios claros, lo que ha abierto la puerta a críticas fundamentadas sobre la legalidad y la transparencia del proceso. La coordinadora de asuntos jurídicos de Libertad y Desarrollo, Pilar Hazbun, advierte que declarar sitios prioritarios sin reglamento puede generar incertidumbre regulatoria y conflictos legales, especialmente cuando se afectan derechos ya constituidos o proyectos vigentes.
Perspectivas contrapuestas
Desde el Gobierno, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, ha defendido el proceso, asegurando que "no hay ninguna actividad que no se pueda realizar dentro de los sitios prioritarios, a menos que sea ilegal", y que las actividades productivas en marcha no se verán afectadas. Para fomentar un diálogo más amplio, extendió el plazo de la consulta pública hasta fines de noviembre, buscando incorporar las casi 1.800 observaciones recibidas.
Los gremios productivos, en especial la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), han expresado preocupación por el impacto que la declaratoria podría tener sobre sus actividades. Sonami reportó 273 instalaciones mineras dentro de los sitios prioritarios, con más de 755 mil hectáreas afectadas solo en la macrozona norte, lo que representa un 60% de la superficie regional. Jorge Riesco, presidente de Sonami, advirtió que el proceso "podría convertirse en decretos de amarre que afecten la actividad minera", y solicitó cautela y mayor tiempo para revisar y ajustar el listado.
Por su parte, ADI denunció que la imposición de la categoría de sitio prioritario sobre suelos urbanos ya regulados genera "más permisología y trabas" que podrían agravar la crisis habitacional y limitar la expansión urbana. Criticaron la ausencia de reglamentos claros y la falta de consideración de planes de uso de suelo vigentes.
Expertos y exministros ambientales han señalado que la falta de transparencia en la metodología y criterios de selección de los sitios prioritarios dificulta la aceptación social del proceso y podría entorpecer la implementación armoniosa de la ley.
Impacto regional y social
Los 99 sitios prioritarios se distribuyen en 23 en la Macrozona Norte, 46 en la Macrozona Centro y 30 en la Macrozona Sur, incluyendo ecosistemas únicos, humedales, bosques y corredores biológicos esenciales para especies amenazadas. En la Región Metropolitana, por ejemplo, áreas como el cerro Águilas, Chacabuco-Peldehue y el Humedal de Batuco destacan por su biodiversidad y fragilidad ambiental.
Sin embargo, en regiones como Magallanes, Aysén y Los Lagos, la tensión entre comunidades locales, trabajadores y sectores productivos ha cobrado fuerza, evidenciando el desafío de conciliar conservación y desarrollo económico.
Consecuencias y perspectivas futuras
El proceso de declaración de sitios prioritarios se encuentra en un punto crítico. La ausencia de reglamentos claros y la percepción de un procedimiento apresurado han alimentado la posibilidad de litigios ante la Contraloría o tribunales ambientales, lo que podría retrasar significativamente la implementación de la Ley SBAP.
Por otro lado, la ampliación del plazo de consulta y la apertura al diálogo anunciada por la ministra Rojas representan un intento por mitigar las tensiones y construir consensos. Sin embargo, la diversidad de intereses y la complejidad del territorio chileno hacen prever que la resolución definitiva requerirá ajustes técnicos, legales y políticos.
En suma, la discusión sobre sitios prioritarios expone la tensión inherente entre la urgente necesidad de proteger la riqueza natural del país y el imperativo de asegurar condiciones para el desarrollo productivo y social. Este 'coliseo' de actores y argumentos obliga a una reflexión profunda sobre cómo Chile puede avanzar hacia una gestión ambiental sostenible que integre pluralidad de perspectivas y garantice certeza jurídica.
Fuentes consultadas
- La Tercera: "Sitios prioritarios: el riesgo de declarar antes de regular" (09-11-2025)
- La Tercera: "Controversia ambiental por sitios prioritarios" (03-11-2025)
- Cooperativa.cl: "Ministra Rojas: No hay ninguna actividad que no se pueda realizar en sitios prioritarios" (30-10-2025)
- La Tercera: "La ofensiva de Medio Ambiente que busca blindar 4 millones de hectáreas en 99 sitios prioritarios" (25-10-2025)
- La Tercera: "El duro cruce entre Sonami y Maisa Rojas por propuesta de sitios prioritarios" (15-10-2025)
- La Tercera: "Sonami golpea la mesa por listado de sitios prioritarios: 273 instalaciones mineras están dentro de esas áreas" (08-10-2025)
Este análisis invita a mirar más allá de la inmediatez noticiosa y a comprender que la protección ambiental en Chile es un desafío de largo plazo, que requiere equilibrio, diálogo y respeto por las múltiples verdades que conviven en el territorio.