Gobierno presenta querellas por ataques incendiarios en La Araucanía: una respuesta insuficiente ante un conflicto que se profundiza

En los últimos días, la Región de La Araucanía ha sido escenario de una escalada de violencia rural que ha conmocionado a la ciudadanía y reavivado las tensiones históricas en la macrozona sur. En menos de una semana, se registraron al menos cuatro atentados incendiarios que destruyeron maquinaria agrícola y forestal, con un patrón que incluye la aparición de lienzos firmados por grupos radicales como Weichán Auka Mapu (WAM) y un nuevo actor identificado como W.A.R., que amenazó con acciones aún más graves, como la explosión del aeropuerto de La Araucanía.

Cronología y contexto:

El ciclo de ataques comenzó el viernes 7 de noviembre con dos atentados en la comuna de Vilcún, donde fueron incendiados una casa patronal y un galpón con maquinaria agrícola. Al día siguiente, la violencia se trasladó a Carahue, con la quema de dos máquinas y la aparición de un lienzo de WAM. El domingo 9, un nuevo ataque en Cunco consumió siete máquinas forestales, mientras que el lunes 10 se confirmó la presentación de querellas por asociación ilícita terrorista contra los responsables de los ataques en Cullinco Bajo (Carahue) y El Natre (Vilcún).

Perspectivas divergentes:

Desde el mundo productivo, los gremios agrícolas y del transporte han señalado con preocupación la falta de coordinación policial, debilidad en los sistemas de inteligencia y ausencia de decisiones políticas contundentes. José Miguel Stegmeier, presidente de Socabio y vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, enfatizó que la desarticulación de la inteligencia estatal ha favorecido la impunidad y el establecimiento del narcoterrorismo, afectando profundamente la inversión y el empleo en la zona.

Para los camioneros, representados por Freddy Martínez, el estado de excepción vigente desde hace más de tres años ha sido una herramienta necesaria, pero insuficiente, y reclaman por la implementación del estado de sitio para permitir una respuesta más ofensiva contra los grupos violentistas.

En el plano político, la reacción ha sido marcada por críticas hacia el Gobierno saliente. Parlamentarios de la derecha han cuestionado la supuesta pasividad y falta de presencia del ministro de Seguridad, Luis Cordero, cuya visita a la zona fue interpretada como tardía y reactiva. Por otro lado, el Ejecutivo ha buscado mostrar un frente unido y activo, presentando querellas y reforzando la coordinación entre Carabineros, PDI y el Ministerio Público, además de anunciar la llegada de vehículos blindados para el Ejército.

El desafío de la seguridad y la política:

La estrategia del Gobierno se ha centrado en la vía judicial y policial, con la querella por asociación ilícita terrorista como medida emblemática. Sin embargo, esta acción, valorada simbólicamente por algunos sectores, no altera el escenario estructural que sostiene la violencia. La persistencia de grupos radicales que operan con nuevas identidades, como W.A.R., y la continuidad de ataques en espacios productivos y estratégicos, revelan la insuficiencia de las respuestas actuales.

Además, la narrativa oficial que denuncia un "marketing del miedo" y acusa a ciertos actores de difundir temor puede resultar contraproducente, al minimizar las percepciones ciudadanas y la complejidad del conflicto. La desconfianza en las instituciones y la sensación de abandono territorial alimentan un círculo vicioso que dificulta la pacificación.

Conclusiones y consecuencias:

Los hechos recientes en La Araucanía confirman que la violencia rural no es un fenómeno episódico ni aislado, sino parte de un conflicto multifacético que involucra dimensiones históricas, sociales, políticas y económicas. La respuesta estatal, centrada en la acción judicial y policial, enfrenta serias limitaciones si no se acompaña de una política integral que incluya diálogo, desarrollo territorial y reconocimiento de derechos.

El próximo gobierno tendrá la responsabilidad de evaluar críticamente las estrategias vigentes y articular un enfoque que supere la lógica del enfrentamiento y la represión, para avanzar hacia una solución sostenible. Mientras tanto, la región sigue sumida en la incertidumbre, con comunidades afectadas por la violencia, la pérdida de inversiones y la erosión del capital social.

Fuentes: Diario Financiero, Cooperativa.cl, La Tercera.