Reactivación de la violencia en La Araucanía: Condenas a la WAM y la escalada de ataques incendiarios
La Araucanía vuelve a ser escenario de un repunte violento que ha puesto en jaque la frágil estabilidad lograda en meses previos.
Un ciclo de violencia y judicialización
El gobierno y las policías han respondido con la activación de un equipo especial de fiscales y detectives para investigar estos hechos, además de presentar querellas invocando la ley antiterrorista contra la WAM. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se trasladó a la Macrozona Sur para coordinar medidas y mostrar un rostro firme ante la ciudadanía.
Por su parte, la WAM asumió la autoría de los ataques mediante lienzos con consignas que exigen la libertad de los llamados "presos políticos mapuche" y reivindican la lucha por el territorio ancestral, Wallmapu.
Perspectivas encontradas
Este episodio refleja la complejidad de la crisis en La Araucanía, donde convergen interpretaciones y demandas diversas:
- Desde el Estado y sectores conservadores, la violencia es vista como crimen organizado que debe ser enfrentado con rigor judicial y policial, priorizando la seguridad y el orden público.
- Organizaciones mapuche y sociales denuncian que las condenas y la persecución judicial profundizan la criminalización de su pueblo y alimentan un ciclo de violencia estructural que no se resuelve con represión.
- Expertos y académicos advierten que la estrategia de mano dura puede tener efectos contraproducentes si no se acompaña de políticas de diálogo, reconocimiento de derechos y desarrollo territorial.
Constataciones y consecuencias
Este nuevo ciclo de violencia en La Araucanía confirma que la judicialización de los conflictos mapuche, especialmente mediante la aplicación de la ley antiterrorista, puede reactivar dinámicas violentas en lugar de contenerlas. La coordinación entre el Ministerio Público, las policías y el gobierno es necesaria pero insuficiente para abordar las raíces del problema.
La presencia de un equipo especializado en la investigación de estos hechos muestra un avance en la capacidad institucional, pero también evidencia la dificultad para desarticular organizaciones que operan en contextos de alta conflictividad social y territorial.
Finalmente, la persistencia de narrativas enfrentadas y la ausencia de un diálogo efectivo entre el Estado y las comunidades mapuche mantienen en estado de alerta a la región, con un costo económico, social y humano que afecta a todos los habitantes de La Araucanía.
En este escenario, la única certeza es que la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino un síntoma de problemas históricos no resueltos que requieren soluciones integrales y plurales para evitar que el círculo de ataques y represalias se siga perpetuando.