La caída de una figura emblemática del Poder Judicial chileno ha dejado al descubierto una compleja red de corrupción que involucra a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, conocida en la opinión pública como la "Muñeca Bielorrusa".
Desde julio de 2023, la Fiscalía Regional de Los Lagos investiga una serie de pagos irregulares por más de 57 millones de pesos que habrían sido entregados a Vivanco y su entorno a cambio de fallos favorables al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en un litigio millonario contra Codelco.
El 4 de julio de 2023, Vivanco votó a favor del consorcio en una sentencia que obligó a Codelco a pagar más de 17 mil millones de pesos. Ese mismo día, según la Fiscalía, recibió un pago directo en efectivo de US$15,000 en la oficina de uno de los abogados involucrados, Mario Vargas.
La investigación ha revelado que los fondos no transitaron por cuentas bancarias regulares, sino que se manejaron en efectivo, pasando por casas de cambio y conservadores de bienes raíces, Yamil Najle y Sergio Yáber, quienes habrían facilitado el blanqueo de dinero a través de contratos falsos y transferencias opacas.
Un círculo de poder y corrupción
La trama no se limita a la exministra y su pareja, Gonzalo Migueles, formalizado por cohecho, soborno y lavado de activos, sino que involucra a destacados abogados del consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos, y a conservadores de bienes raíces, quienes coordinaban la recepción y distribución de los fondos ilícitos.
"Todos sabían que eran coimeros", afirmó en una llamada interceptada Sergio Yáber, uno de los conservadores implicados, dejando en evidencia la percepción extendida dentro del círculo cercano a Vivanco.
Interceptaciones telefónicas y posicionamientos georreferenciados de celulares ubican a los imputados en reuniones clave, incluso en la casa de Vivanco, donde se redactaron recursos judiciales que favorecieron al consorcio.
El uso de lingotes de oro como posible mecanismo para ocultar activos y evitar trazabilidad financiera añade una capa más de sofisticación a la red investigada.
Voces encontradas y tensiones políticas
El caso ha generado una fuerte conmoción en la opinión pública y en el mundo político. Mientras sectores de la oposición exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares, algunos actores llaman a respetar la presunción de inocencia y a no prejuzgar a la exministra.
El Presidente Gabriel Boric ha declarado: "En Chile no se toleran delitos de cuello y corbata", enfatizando la necesidad de celeridad y transparencia en el proceso.
Por su parte, Vivanco ha negado haber recibido dinero ilícito y ha criticado la reserva de la investigación: "Toda la información que hemos recibido es de la prensa. No sé nada sobre la querella de capítulos que se estaría preparando en mi contra".
Las acusaciones también han abierto un debate sobre la independencia y los mecanismos de control internos del Poder Judicial, con demandas ciudadanas por reformas que eviten que casos como este se repitan.
Consecuencias y lecciones
Este escándalo ha puesto en jaque la confianza en una de las instituciones más emblemáticas del Estado chileno. Las investigaciones en curso y las formalizaciones previstas para los próximos días serán determinantes para esclarecer responsabilidades y establecer precedentes.
La exministra fue expulsada del Poder Judicial tras el fallo que aceleró el pago a Belaz Movitec, y aunque aún no ha sido formalizada, la Fiscalía presentó una querella de capítulos, paso previo a su eventual acusación formal.
La complejidad del caso, que mezcla tráfico de influencias, cohecho, lavado de activos y uso de activos no rastreables como el oro, muestra la sofisticación con que operan redes de corrupción en Chile.
Asimismo, la investigación ha revelado la participación de actores aparentemente periféricos, como conservadores de bienes raíces, quienes jugaron un rol clave en el blanqueo, evidenciando la amplitud de la red y la necesidad de una mirada integral para combatir la corrupción.
Reflexión final
Este caso no solo desnuda la corrupción de un círculo judicial, sino que también obliga a Chile a enfrentar con rigor y profundidad las fallas estructurales que permiten que el poder se corrompa. La justicia, para ser creíble, debe ser transparente y efectiva, y la ciudadanía exige que los responsables rindan cuentas sin privilegios.
Mientras tanto, el país observa con atención y cierto desencanto cómo se desenvuelve esta tragedia de poder, dinero y justicia, que pone en entredicho los cimientos mismos de la democracia chilena.
