Violencia en escuela de Puerto Montt: El municipio responde con querellas mientras la comunidad educativa se resquebraja

El miércoles 29 de octubre, la Escuela Alerce Histórico en Puerto Montt se transformó en escenario de una escena que ha estremecido a la comunidad educativa y desnudado las tensiones que atraviesan el sistema escolar chileno. Dos apoderadas ingresaron sin autorización a un aula de cuarto básico y agredieron físicamente a una profesora y a una asistente de la educación mientras impartían clases.

La violencia no sólo dejó heridas físicas, sino que también quebró la confianza y la seguridad dentro del recinto escolar.

Ante la gravedad del episodio, la Municipalidad de Puerto Montt no tardó en responder. El alcalde Rodrigo Wainraihgt anunció la presentación de una querella criminal contra las responsables, imputándoles delitos de lesiones menos graves y amenazas agravadas por haberse cometido contra funcionarias en ejercicio de sus funciones.
El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) expresó su repudio absoluto a cualquier forma de agresión verbal o física contra docentes, subrayando la necesidad de proteger a quienes sostienen el proceso educativo.

Este caso no ha pasado desapercibido para organizaciones gremiales. El Colegio de Profesores a nivel nacional emitió un comunicado donde condena enérgicamente la violencia contra docentes, recordando que su labor va más allá de la transmisión de conocimientos: son pilares del tejido social.
Sin embargo, el episodio también ha puesto en evidencia las complejidades que enfrentan las comunidades escolares en regiones como Los Lagos. La violencia en las escuelas, aunque no nueva, se ha manifestado con mayor crudeza en los últimos años, reflejo de tensiones sociales más amplias, problemas de comunicación entre apoderados y establecimientos, y déficits en la gestión de conflictos.

Desde la perspectiva de algunos padres y apoderados, la agresión es un síntoma de frustraciones acumuladas por la percepción de falta de respuesta a demandas legítimas sobre el proceso educativo y la seguridad de sus hijos. Otros actores, en cambio, advierten que la violencia nunca puede ser justificada y que la respuesta debe ser firme y ejemplificadora.

En el plano institucional, la Municipalidad ha iniciado una serie de medidas complementarias, incluyendo jornadas de apoyo psicológico para docentes y estudiantes afectados, y protocolos para mejorar la seguridad en los establecimientos.
Este episodio se inserta en un contexto donde la violencia escolar y el respeto hacia los docentes son temas recurrentes en el debate público chileno. La tensión entre comunidades educativas y apoderados, la sobrecarga laboral docente y la falta de recursos adecuados forman un cóctel que, en ocasiones, desemboca en hechos como el ocurrido en Puerto Montt.

En conclusión, la agresión en la Escuela Alerce Histórico no es un hecho aislado ni un simple conflicto puntual. Es un reflejo de las múltiples crisis que atraviesa la educación pública en Chile: la fragilidad de los espacios escolares como lugares seguros, la necesidad urgente de diálogo y mediación efectiva, y el reconocimiento del rol social insustituible de los docentes. La querella presentada por la Municipalidad es un paso legal necesario, pero la verdadera reparación y prevención requerirán transformaciones profundas en las relaciones y políticas educativas.

El coliseo está dispuesto; los actores enfrentan un desafío que va más allá de la justicia penal: la reconstrucción de la confianza y la seguridad en el aula, sin la cual el proceso educativo queda herido de muerte.