Vallejo y el Ejecutivo en la encrucijada electoral: ¿Prescindencia o intervención política?
El escenario político chileno ha vivido en las últimas semanas una escalada de tensiones en torno al rol que el Ejecutivo debe jugar en el contexto de la campaña presidencial de 2025. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ha sido el rostro visible de una defensa férrea frente a las acusaciones de intervencionismo electoral que sectores de la oposición han dirigido contra el gobierno de Gabriel Boric.
Desde el oficialismo se sostiene que el Presidente Boric y su gabinete ejercen una conducción política legítima, expresando opiniones y defendiendo políticas públicas, incluso en periodo electoral. Vallejo enfatiza que "no se puede pretender que la prescindencia sea una impostura del gobierno", señalando que la seguridad, por ejemplo, es una política de Estado que debe ser abordada independientemente del calendario electoral.
Por otro lado, la oposición, representada por figuras como el diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser, ha endurecido el tono, acusando al gobierno y a organismos vinculados a él de mantener temas abiertos por intereses políticos. Kaiser ha señalado, por ejemplo, que el Servicio Médico Legal (SML) habría tenido osamentas sin identificar relacionadas con detenidos desaparecidos durante décadas, acusación que el SML ha desmentido reiteradamente.
Este cruce refleja una polarización que no solo se da en el discurso, sino que impacta directamente en la percepción ciudadana sobre la legitimidad y el alcance del Ejecutivo en tiempos electorales. Mientras el oficialismo apela a la necesidad de una participación política activa para defender su gestión y propuestas, la oposición denuncia un uso instrumental del aparato estatal para fines electorales.
En paralelo, Vallejo ha denunciado un nivel de debate político que califica como "el más bajo", tras insultos y descalificaciones que han marcado la campaña, y ha llamado a centrar la discusión en ideas y propuestas, no en ataques personales o clasistas.
Conclusiones
La disputa en torno al rol del Ejecutivo en la campaña presidencial de 2025 pone en evidencia una tensión inherente a las democracias contemporáneas: el equilibrio entre la prescindencia electoral de las autoridades y su legítimo derecho a intervenir en el debate público. La narrativa oficial defiende la necesidad de que el gobierno haga valer su visión y gestione con transparencia, mientras la oposición alerta sobre riesgos de instrumentalización política y erosión de la neutralidad estatal.
Esta confrontación no solo ha dejado al descubierto las fracturas ideológicas y estratégicas entre los actores políticos, sino que también ha generado un desgaste en la calidad del debate público, afectando la percepción ciudadana sobre la política y la gobernabilidad.
La historia reciente muestra que el desafío no es solo quién habla, sino cómo se habla y con qué propósito, en un momento donde la ciudadanía demanda claridad, responsabilidad y propuestas concretas para el futuro del país.