
El Presupuesto 2026 para educación ha dejado al descubierto una profunda fractura entre las fuerzas políticas y una crisis latente en la gestión pública educativa. La reciente votación en la Comisión Mixta de Presupuesto, que rechazó 28 de 32 partidas, marcó un punto de inflexión que revela un choque de visiones y prioridades, con consecuencias palpables para el sistema escolar y parvulario del país.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda Nicolás Grau calificó el resultado como un "desaire al país", apelando a la necesidad de acuerdos que permitan avanzar en reformas sociales como pensiones y salario mínimo. Sin embargo, la tensión entre oficialismo y oposición se mantuvo, con la derecha acusando al Gobierno de presentar una propuesta "opaca, imprecisa y pueril", y rechazando el 90% de las partidas en la Comisión Mixta.
Este escenario se inscribe en un contexto donde el gasto en educación superior concentra la mayor parte del aumento presupuestario, con un incremento del 7,3% en esa área, mientras que la educación parvularia y escolar apenas crecen o incluso retroceden en términos reales. La reducción de subvenciones escolares y la baja en financiamiento para jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF), que atienden a sectores vulnerables, han sido señaladas como un golpe directo a la equidad y calidad educativa.
El debate también ha puesto en evidencia la paradoja de un sistema donde la gratuidad y el financiamiento a la educación superior se expanden a costa de los niveles iniciales y escolares, que son la base de cualquier trayectoria educativa. Expertos y académicos han advertido que esta distribución desbalanceada amenaza con profundizar la crisis estructural en la educación chilena.
En el plano político, la discusión del presupuesto se ha convertido en un campo de batalla electoral, con acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. La UDI calificó la propuesta gubernamental como "casi pueril" y denunció motivaciones electorales detrás del rechazo masivo, mientras que el Gobierno enfrenta críticas internas y externas por la falta de claridad y la estrategia financiera.
El exjefe de la Dirección de Presupuestos, Matías Acevedo, advirtió que el diseño del presupuesto 2026 parece pensado para un gobierno de oposición, dado que deja presiones fiscales y riesgos que podrían complicar la gestión del próximo Ejecutivo.
En definitiva, el Presupuesto 2026 en educación no solo refleja un conflicto político sino que expone una encrucijada para el país: cómo equilibrar la urgencia de ampliar y mejorar la educación inicial y escolar con la presión política y financiera por sostener políticas de gratuidad y expansión en la educación superior.
El resultado de esta pugna tendrá consecuencias directas en la calidad de la enseñanza, en las condiciones laborales de miles de docentes y en la equidad de oportunidades para niños y niñas, especialmente los más vulnerables. La tensión entre prioridades fiscales y sociales, entre promesas electorales y realidades presupuestarias, se juega en estas semanas finales de tramitación, con el futuro educativo de Chile en juego.
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Fuentes: La Tercera, Radio Bío Bío, Cooperativa, CIPER Chile, Diario Financiero, El País Chile.
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Conclusiones:
- El rechazo masivo en la Comisión Mixta revela un quiebre político que complica la aprobación del presupuesto y pone en riesgo la estabilidad del sistema educativo.
- La concentración del gasto en educación superior, en detrimento de la educación inicial y escolar, cuestiona la coherencia de la política pública educativa y la justicia social.
- La disputa política ha instrumentalizado el presupuesto, dificultando consensos necesarios para avanzar en soluciones estructurales.
- La presión del calendario legislativo y la cláusula constitucional de "walkover" plantean un escenario de incertidumbre y posible imposición unilateral del Ejecutivo.
- El próximo gobierno enfrentará un legado complejo con restricciones fiscales y demandas sociales urgentes, que requerirán decisiones difíciles y estratégicas para no profundizar la crisis educativa.