
En las últimas semanas, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ha protagonizado un complejo escenario que mezcla avances tecnológicos, tensiones laborales y desafíos en la gestión de sus programas emblemáticos. A casi dos meses de la implementación del sistema de captura fotográfica online para la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), y con la reciente paralización de manipuladoras de alimentos, la institución se encuentra en el centro de un debate que va más allá de la simple entrega de beneficios estudiantiles.
Sin embargo, no todos los frentes han sido tan fluidos. El 12 de agosto, la Federación Nacional de Sindicatos de Manipuladoras de Alimentos (Fenasim) convocó a un paro nacional que afectó la entrega de alimentación escolar a cerca de dos millones de estudiantes. Las demandas de las trabajadoras apuntaban a pagos adeudados por empresas concesionarias, condiciones laborales y cambios en protocolos que, según ellas, incrementaban la presión y exposición sobre sus labores.
Este episodio puso en evidencia las complejidades de un sistema que debe articular beneficios, proveedores y derechos laborales en un contexto de alta vulnerabilidad social.
Por otro lado, la entrega de kits de útiles escolares, otro de los programas fundamentales de Junaeb, también ha sido objeto de cuestionamientos. Un informe de Contraloría denunció fallas en la distribución del año 2024, señalando que sólo se entregó un tercio de los kits en el plazo esperado. La directora de Junaeb aclaró que, si bien el informe se basó en datos preliminares, la entrega se completó en octubre de 2024, cumpliendo con los compromisos asumidos con el Congreso.
Desde el gobierno, Junaeb es vista como una institución que avanza en la modernización y mejora de sus servicios, con un compromiso declarado hacia la transparencia y la participación ciudadana, como lo ejemplifica la nueva aplicación móvil para monitorear la alimentación escolar en tiempo real.
Sin embargo, desde el mundo sindical y algunas organizaciones sociales, persiste la crítica hacia las condiciones laborales de las manipuladoras y la gestión de los contratos con empresas privadas, que a menudo derivan en incumplimientos y conflictos.
En paralelo, expertos en políticas públicas advierten que la creciente digitalización debe ir acompañada de una gestión integral que no deje fuera a los actores más vulnerables ni genere brechas de acceso.
El despliegue tecnológico de Junaeb, con la captura fotográfica online y la app de monitoreo alimentario, representa un avance significativo hacia la modernización y mayor transparencia. Sin embargo, estos avances no pueden disociarse de las problemáticas laborales y contractuales que afectan a miles de trabajadoras, cuya estabilidad y condiciones repercuten directamente en la calidad del servicio entregado a millones de estudiantes.
La tensión entre innovación y justicia social pone en evidencia la necesidad de un enfoque holístico que articule tecnología, gestión eficiente y respeto a los derechos laborales. La experiencia reciente muestra que sin diálogo efectivo y compromisos claros con todos los actores involucrados, los conflictos pueden afectar la continuidad y calidad de programas esenciales para la equidad educativa.
En definitiva, Junaeb se encuentra en una encrucijada: debe consolidar sus avances tecnológicos y de gestión sin perder de vista el componente humano y social que sustenta su misión. El desafío es mayúsculo, y su resolución tendrá impactos profundos en la experiencia educativa y social de las nuevas generaciones chilenas.