Red de gendarmes y narcotráfico en Alto Hospicio: la crisis interna que sacude a Gendarmería

Red de gendarmes y narcotráfico en Alto Hospicio: la crisis interna que sacude a Gendarmería
Actualidad
Crimen y seguridad
2025-11-11
Fuentes
www.latercera.com cooperativa.cl www.latercera.com cooperativa.cl cooperativa.cl www.latercera.com cooperativa.cl www.latercera.com www.latercera.com www.meganoticias.cl cooperativa.cl

- 13 gendarmes detenidos por conformar una red criminal de tráfico de drogas dentro de la cárcel de Alto Hospicio.

- Operativo coordinado entre Fiscalía, PDI y Gendarmería con allanamientos en tres regiones.

- Reacciones encontradas entre autoridades, gremios penitenciarios y sociedad civil sobre el impacto y responsabilidades.

En los últimos días, la Región de Tarapacá fue epicentro de un escándalo que revela grietas profundas en el sistema penitenciario chileno.

El 5 de noviembre se iniciaron allanamientos simultáneos en recintos penitenciarios de Alto Hospicio e Iquique, que culminaron con la detención de 12 gendarmes y siete civiles, acusados de integrar una red dedicada al tráfico de drogas al interior de las cárceles.
La investigación, liderada por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Tarapacá, en conjunto con la Brigada Antinarcóticos de la PDI y Gendarmería, desnudó una operación que llevaba al menos un año funcionando, con una compleja triangulación de recursos que involucraba a familiares y conocidos de los funcionarios penitenciarios.
El 7 de noviembre se sumó un decimotercer gendarme detenido en la Región del Biobío, aumentando la cifra de implicados y evidenciando la extensión de la red más allá del norte del país.

"Desde que iniciamos el operativo hemos seguido diligencias que permitieron identificar a otro gendarme partícipe de esta red criminal", señaló la fiscal regional Trinidad Steinert, subrayando la complejidad y profundidad de la investigación.

El modus operandi incluía la venta de cannabis sativa, cocaína base y ketamina, tanto a internos como a otros funcionarios. En los allanamientos se incautaron casi 1,5 kilos de droga, siete armas de fuego, municiones, más de 6 mil euros y 13 millones de pesos en efectivo, además de vehículos y dispositivos electrónicos con documentación relevante para la causa.

Este caso ha puesto en jaque a Gendarmería, institución que desde 2023 ha impulsado un plan de fortalecimiento y control interno, reconocido por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien destacó que el operativo es resultado del trabajo investigativo interno y externo coordinado para enfrentar el narcotráfico en los penales.

"Chile ha optado por enfrentar directamente este problema y no evadirlo públicamente", afirmó Cordero, en referencia a la estrategia estatal para combatir las redes criminales que operan dentro de las cárceles.

Sin embargo, la situación ha generado un debate intenso en distintos ámbitos. Por un lado, los gremios de Gendarmería han expresado preocupación por la imagen institucional y la necesidad de reforzar la ética y el control interno. Por otro, expertos en seguridad y derechos humanos advierten que este episodio es un síntoma de problemas estructurales que incluyen la sobrepoblación carcelaria, la precariedad laboral y los bajos sueldos, que facilitan la infiltración del narcotráfico.

"No basta con golpes mediáticos; se requiere una reforma integral del sistema penitenciario que contemple condiciones dignas para los funcionarios y los internos", advierte la socióloga y especialista en seguridad pública, María José Fuentes.

A nivel regional, la comunidad de Alto Hospicio, ya golpeada por recientes crisis de servicios básicos y amenazas a la seguridad escolar, observa con preocupación cómo la violencia y el narcotráfico penetran en espacios que deberían ser de rehabilitación y resguardo.

Este caso se suma a un contexto de aumento de delitos asociados al narcotráfico en la zona, y a una serie de medidas anunciadas por actores políticos, como la candidata Evelyn Matthei, que prometen fortalecer la seguridad fronteriza y penitenciaria con inversiones millonarias y la creación de una Policía Militar Fronteriza.

Las audiencias de formalización de los 20 imputados, entre ellos los gendarmes y civiles, se extendieron hasta el 10 de noviembre, dejando en evidencia la magnitud de la red y la complejidad judicial del caso.

Este episodio desnuda la fragilidad de las instituciones encargadas de la seguridad interna y plantea preguntas incómodas sobre las responsabilidades y las reformas necesarias para evitar que el narcotráfico eche raíces en los penales chilenos.

En definitiva, la verdad que emerge tras esta crisis es que el narcotráfico en las cárceles no es solo un problema policial, sino un reflejo de las tensiones sociales, económicas y políticas que atraviesan al país. La manera en que el Estado y la sociedad respondan a este desafío marcará el rumbo de la seguridad y la justicia en Chile en los años venideros.