
En los últimos días, la Región de Tarapacá fue epicentro de un escándalo que revela grietas profundas en el sistema penitenciario chileno.
El modus operandi incluía la venta de cannabis sativa, cocaína base y ketamina, tanto a internos como a otros funcionarios. En los allanamientos se incautaron casi 1,5 kilos de droga, siete armas de fuego, municiones, más de 6 mil euros y 13 millones de pesos en efectivo, además de vehículos y dispositivos electrónicos con documentación relevante para la causa.
Este caso ha puesto en jaque a Gendarmería, institución que desde 2023 ha impulsado un plan de fortalecimiento y control interno, reconocido por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien destacó que el operativo es resultado del trabajo investigativo interno y externo coordinado para enfrentar el narcotráfico en los penales.
Sin embargo, la situación ha generado un debate intenso en distintos ámbitos. Por un lado, los gremios de Gendarmería han expresado preocupación por la imagen institucional y la necesidad de reforzar la ética y el control interno. Por otro, expertos en seguridad y derechos humanos advierten que este episodio es un síntoma de problemas estructurales que incluyen la sobrepoblación carcelaria, la precariedad laboral y los bajos sueldos, que facilitan la infiltración del narcotráfico.
A nivel regional, la comunidad de Alto Hospicio, ya golpeada por recientes crisis de servicios básicos y amenazas a la seguridad escolar, observa con preocupación cómo la violencia y el narcotráfico penetran en espacios que deberían ser de rehabilitación y resguardo.
Las audiencias de formalización de los 20 imputados, entre ellos los gendarmes y civiles, se extendieron hasta el 10 de noviembre, dejando en evidencia la magnitud de la red y la complejidad judicial del caso.
Este episodio desnuda la fragilidad de las instituciones encargadas de la seguridad interna y plantea preguntas incómodas sobre las responsabilidades y las reformas necesarias para evitar que el narcotráfico eche raíces en los penales chilenos.
En definitiva, la verdad que emerge tras esta crisis es que el narcotráfico en las cárceles no es solo un problema policial, sino un reflejo de las tensiones sociales, económicas y políticas que atraviesan al país. La manera en que el Estado y la sociedad respondan a este desafío marcará el rumbo de la seguridad y la justicia en Chile en los años venideros.