
En las últimas semanas, la comuna de Quilicura ha sido escenario de una escalada de violencia que ha dejado al menos cinco homicidios con características que interpelan tanto a las autoridades como a la sociedad civil. Desde mediados de octubre hasta principios de noviembre de 2025, esta zona del norponiente de Santiago ha visto cómo la inseguridad se instala con una crudeza que no puede ser soslayada.
Perspectivas en pugna
Desde el gobierno, la respuesta ha sido reforzar la presencia policial y acelerar las investigaciones, aunque reconocen que la complejidad del fenómeno delictual supera la capacidad actual de las fuerzas de orden. La ministra del Interior ha señalado la necesidad de un enfoque integral que incluya prevención social y mejoras en la justicia penal.
Por otro lado, organizaciones vecinales y dirigentes comunitarios denuncian una sensación de abandono y falta de políticas efectivas que aborden las causas estructurales. La percepción de inseguridad ha aumentado, y muchos reclaman mayor transparencia en los avances investigativos y mayor participación ciudadana en la definición de estrategias.
En el plano social, la muerte del ciudadano peruano ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de los migrantes en contextos de alta criminalidad, demandando políticas específicas para proteger a estas comunidades y evitar la estigmatización.
Análisis y consecuencias visibles
Este conjunto de homicidios en Quilicura no es un fenómeno aislado, sino que refleja problemáticas más amplias: la persistencia de redes delictuales que operan con impunidad, la insuficiente articulación entre prevención, persecución y reinserción, y las brechas sociales que alimentan la violencia.
La falta de detenciones rápidas y esclarecedoras contribuye a la desconfianza ciudadana en las instituciones, mientras que la multiplicación de hechos violentos afecta la calidad de vida y la cohesión social en la comuna.
Verdades ineludibles y desafíos futuros
Los hechos confirman que la violencia en Quilicura ha alcanzado niveles que requieren una revisión profunda de las políticas de seguridad pública. La coexistencia de homicidios en espacios públicos y privados, la participación de grupos organizados y la vulnerabilidad de sectores sociales específicos exigen respuestas multifacéticas.
Es imprescindible que las autoridades combinen la acción policial con programas sociales efectivos, que se fortalezca la cooperación interinstitucional y que se garantice transparencia en los procesos judiciales.
Este ciclo de violencia no solo desafía a Quilicura, sino que interpela a todo el país a repensar cómo se construye la seguridad y la justicia en un contexto de desigualdades persistentes y cambios sociales acelerados.