Lo que hace poco más de dos meses parecía un eco lejano de la política interna estadounidense, hoy es una realidad ineludible en los pasillos de La Moneda y en las sedes de los principales gremios exportadores de Chile. La decisión del presidente Donald Trump de imponer un arancel general del 10% a sus socios comerciales, incluyendo a Chile, ha transitado desde el shock inicial a una fase de intensas y complejas negociaciones. Lejos de ser un evento pasajero, la medida ha puesto en marcha un tablero geopolítico que obliga a Chile a revaluar su posición en un mundo donde las reglas del libre comercio, pilar de su desarrollo por décadas, son abruptamente cuestionadas.
La cronología de los hechos revela una rápida escalada. A principios de abril, el anuncio del llamado “Día de la Liberación” por parte de Trump sacudió los mercados globales. La respuesta no se hizo esperar: China contraatacó con aranceles de hasta el 125% a productos estadounidenses, formalizando una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Para Chile, la medida se tradujo en un arancel del 10%, una cifra que, aunque menor en comparación, encendió las alarmas por su potencial impacto en sectores clave.
Las consecuencias no tardaron en materializarse. A nivel corporativo global, gigantes como Ford Motor Company retiraron sus proyecciones de ganancias, estimando pérdidas por US$ 1.500 millones, evidenciando que la política proteccionista también genera costos internos significativos. Otros actores, como la Unión Europea y Canadá, se vieron forzados a entrar en un tenso diálogo con Washington. La UE se mostró dispuesta a negociar el arancel del 10% a cambio de exenciones, mientras que Canadá terminó cediendo en una disputa sobre impuestos tecnológicos para mantener abiertas las vías de negociación. Este escenario global demostró la seriedad de la postura estadounidense y la difícil encrucijada que enfrentan sus aliados y socios.
En Chile, la respuesta ha sido una combinación de diplomacia, estrategia técnica y movilización del sector privado. El Ministerio de Hacienda, liderado por Mario Marcel, rápidamente planteó la principal línea de defensa: el Tratado de Libre Comercio vigente con Estados Unidos, argumentando que el precedente con México y Canadá, donde se respetaron los acuerdos comerciales, debería aplicarse a Chile. Se iniciaron conversaciones formales entre la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), y se activó el Consejo de Alto Nivel para la Respuesta Estratégica (CPEFI), convocando a ex autoridades y economistas para delinear una postura de Estado.
La situación ha revelado un mosaico de intereses y presiones que coexisten en tensión:
Este conflicto no es un hecho aislado. Se enmarca en una tendencia global de creciente rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China, donde las economías abiertas y dependientes del comercio internacional, como la chilena, quedan expuestas a las decisiones de las grandes potencias. Durante más de 30 años, Chile basó su prosperidad en la apertura de mercados y la firma de tratados de libre comercio. La guerra de aranceles de Trump funciona como una prueba de estrés para este modelo, obligando al país a diversificar mercados y a desarrollar una diplomacia económica más sofisticada.
Actualmente, el tema sigue en pleno desarrollo. Las negociaciones entre Chile y Estados Unidos están en curso, con rondas técnicas que avanzan bajo un acuerdo de confidencialidad. La amenaza inmediata ha dado paso a un estado de incertidumbre prolongada. Si bien los mercados han mostrado volúmenes de optimismo ante las conversaciones, la resolución final está lejos de ser clara. Lo que sí es seguro es que este episodio ya ha dejado una lección: en el nuevo orden mundial, la habilidad para navegar la complejidad diplomática es tan crucial como la eficiencia productiva.