
La reciente inauguración de la mina Salares Norte, ubicada en la cordillera de Atacama, ha marcado un punto de inflexión para la minería del oro en Chile. Tras años de estancamiento y un mercado global que ha multiplicado el valor del metal dorado, el país se posiciona nuevamente en el radar de los principales productores mundiales.
El rally del oro, que alcanzó máximos históricos por encima de los 4.000 dólares la onza, ha generado una avalancha de actividad en los planteles de la Empresa Nacional de Minería (Enami), que reportó un aumento del 150% en la recepción de mineral aurífero en su planta de Vallenar respecto a hace dos años.
Las asociaciones gremiales de pequeños mineros corroboran esta tendencia. José Araya, presidente de la Asociación Minera Inca de Oro, señala que la proporción de productores que operan ilegalmente en Atacama habría aumentado del 10% en 2023 a más del 30% en la actualidad, una cifra que refleja un fenómeno que va más allá de la coyuntura y que involucra incluso la presencia de bandas del crimen organizado.
El auge del oro ha significado para muchos pequeños productores una oportunidad económica ineludible, pero también ha exacerbado riesgos laborales y ambientales. La informalidad implica la utilización de métodos inseguros y contaminantes, como el uso prohibido de mercurio para la extracción, y la explotación de antiguos piques sin las medidas de seguridad adecuadas.
Aldo Gallardo, presidente de la Asociación Minera de Punitaqui, advierte que el aumento de la minería ilegal ha ido acompañado de un incremento en accidentes fatales, debido a la precariedad y la falta de regulación en estas faenas.
El control de la minería ilegal está fuera del alcance directo del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), cuya jurisdicción se limita a actividades formales. La persecución corresponde a las fuerzas de orden público y al Ministerio Público, quienes enfrentan la complejidad de operar en vastas y remotas zonas del desierto.
Rodrigo Illanes, delegado presidencial de Atacama, destaca la coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad en faenas y frenar el accionar de bandas ilícitas, aunque reconoce que la porosidad de la frontera norte facilita la salida del mineral extraído ilegalmente.
Chile posee cerca del 6% de las reservas mundiales de oro, y la coyuntura global, marcada por la incertidumbre económica, ha impulsado la demanda y el precio del metal. Cochilco sostiene que el mercado aurífero se encuentra en una fase alcista estructural, con fundamentos sólidos que sostienen precios elevados y perspectivas de crecimiento.
El escenario chileno presenta un contraste marcado: por un lado, la reapertura y expansión de proyectos formales que apuntan a revitalizar la minería aurífera con estándares modernos y sostenibles; por otro, la proliferación de actividades ilegales que ponen en riesgo vidas, medioambiente y la gobernabilidad del sector.
Este fenómeno no es exclusivo de Chile, sino que refleja un patrón global donde la fiebre por los metales preciosos puede generar oportunidades económicas significativas, pero también desafíos sociales y ambientales complejos.
Para avanzar, se requiere un enfoque integral que combine incentivos para la formalización, fortalecimiento de la fiscalización, apoyo tecnológico a pequeños mineros y políticas públicas que reconozcan la realidad del sector y promuevan su desarrollo responsable.
La fiebre del oro chilena no solo brilla por su potencial económico, sino también por la necesidad urgente de encauzarla hacia un futuro sostenible y justo para todos los actores involucrados.
2025-09-17