
En una decisión que ha marcado un punto de inflexión en el sistema penitenciario chileno, el gobierno del presidente Gabriel Boric concretó la conversión del penal Punta Peuco, hasta entonces reservado para condenados por crímenes de lesa humanidad, en un establecimiento común. Esta medida, anunciada y ejecutada en las últimas semanas, ha generado un choque frontal entre el Estado, la comunidad local de Tiltil y diversos actores políticos, dando lugar a un verdadero coliseo de voces enfrentadas que revelan las profundas heridas aún abiertas en la memoria y la justicia chilena.
Desde entonces, la comunidad de Tiltil ha expresado su rechazo con protestas que incluso bloquearon la Ruta 5, denunciando que la llegada de presos comunes podría aumentar la delincuencia, generar conflictos y provocar la toma de terrenos en un sector que históricamente ha sufrido carencias en servicios básicos.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, ha defendido la medida con firmeza. En reiteradas intervenciones públicas, ha insistido en que la transformación es irreversible y responde a un mandato ético y político del gobierno: eliminar los recintos especiales para criminales de lesa humanidad, una anomalía en el sistema penitenciario chileno.
El secretario de Estado también ha garantizado que las medidas de seguridad perimetral se mantienen y que el recinto seguirá siendo pequeño, tratando de calmar los temores vecinales. Además, explicó que la segregación de internos se realizará considerando la edad y el compromiso delictual, buscando mitigar riesgos dentro del penal.
Sin embargo, la oposición y sectores conservadores han cuestionado la decisión. El abogado Raúl Meza, representante de la Fundación Verdad y Justicia, presentó un recurso de protección alegando que la mezcla de presos ancianos y enfermos con jóvenes violentos constituye una amenaza para la vida y la integridad física de los internos.
En el escenario político, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha criticado duramente tanto la transformación de Punta Peuco como el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, calificando la gestión de "pésima" y cuestionando la eficacia del Estado en materia de derechos humanos.
Por otro lado, el candidato republicano José Antonio Kast ha denunciado que la medida es un acto tardío del gobierno saliente, buscando un legado político, y ha cuestionado la seguridad y oportunidad del cambio.
En respuesta, Gajardo calificó la crítica como superficial y reafirmó que la medida se enmarca en el principio de igualdad ante la ley, rechazando la existencia de cárceles especiales para los crímenes más graves.
Este enfrentamiento no es solo un choque entre vecinos y gobierno, ni una disputa electoral más. Es la manifestación de cómo Chile sigue lidiando con las secuelas de su pasado dictatorial, la memoria, la justicia y la reparación. La transformación de Punta Peuco, lejos de ser un simple cambio administrativo, simboliza la tensión entre quienes exigen igualdad y quienes temen por la seguridad y la dignidad de una comunidad que se siente abandonada y amenazada.
El futuro de este centro y su impacto en Tiltil y en la sociedad chilena sigue abierto. No solo se trata de seguridad o justicia penal, sino de cómo se construye la convivencia social en torno a heridas históricas y desafíos contemporáneos.
En conclusión, si bien el gobierno ha cerrado la puerta a la reversión de la transformación de Punta Peuco, las protestas, recursos legales y debates políticos evidencian que la historia de este penal y su entorno no ha terminado. Chile está frente a un desafío complejo: equilibrar la justicia, la memoria y la seguridad, sin sacrificar la dignidad ni la paz social.
Este episodio revela que las decisiones en materia de derechos humanos y justicia transicional requieren no solo de voluntad política, sino de diálogo profundo con las comunidades afectadas y una mirada que integre las diversas voces y temores que conviven en la sociedad chilena.
2025-11-03