Crisis eléctrica y educativa en Chile: fallas institucionales y violencia en liceos emblemáticos

Chile enfrenta dos crisis paralelas que revelan la fragilidad de sus instituciones y la tensión social acumulada: una en el sistema eléctrico, otra en la educación pública, particularmente en liceos emblemáticos.

Crisis eléctrica: un sistema al borde del colapso

El sector eléctrico, otrora modelo de estabilidad, vive un annus horribilis que desnuda problemas estructurales. La Comisión Nacional de Energía (CNE) cometió un error técnico al aplicar reajustes tarifarios que duplicaron el efecto inflacionario, lo que fue ratificado en un decreto publicado con irregularidades legales. Este error no solo encareció artificialmente las cuentas de luz, sino que erosionó la confianza ciudadana en el sistema.

A esto se suma la autodenuncia de una empresa transmisora que reconoció un sobrecosto pagado por los usuarios durante cinco años, sin que la autoridad haya tomado medidas rápidas. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha sido la única institución que ha mantenido una postura firme en medio de esta crisis.

Los expertos coinciden en que la crisis no es solo coyuntural, sino que refleja una institucionalidad fragmentada y sin una conducción estratégica clara. La falta de coordinación entre ministerios, reguladores y operadores ha generado un sistema reactivo, incapaz de anticipar y resolver problemas de fondo.

Las consecuencias visibles ya se sienten: inversiones paralizadas, retrasos en infraestructura crítica, y una creciente incertidumbre que amenaza la transición energética y la estabilidad económica.

Violencia en liceos emblemáticos: la educación bajo asedio

En paralelo, la violencia en liceos emblemáticos ha escalado, con episodios que han conmocionado a la opinión pública. En el INBA, por ejemplo, al menos 30 estudiantes protagonizaron desórdenes graves, lanzaron bombas molotov y agredieron a Carabineros, lo que derivó en detenciones y formalizaciones con medidas restrictivas.

Las autoridades han respondido con mano dura: aplicación estricta de la Ley Aula Segura, querellas criminales y vigilancia reforzada a través del Sename para los menores involucrados.

Este fenómeno se inscribe en un contexto más amplio de polarización social y política, donde la violencia escolar es tanto síntoma como catalizador de tensiones mayores. La ciudadanía demanda soluciones que permitan a sus hijos estudiar sin miedo, mientras que el Estado parece atrapado en debates ideológicos y respuestas insuficientes.

Multiplicidad de voces y perspectivas

- Desde el mundo académico y técnico, la crisis eléctrica es una llamada urgente a reformar la institucionalidad y recuperar la confianza pública.

- En el ámbito social, las familias y comunidades escolares expresan frustración y temor ante la violencia que afecta la educación.

- Políticamente, la crisis educativa alimenta la polarización, con sectores que exigen mano dura y otros que advierten contra la estigmatización y la represión.

Constataciones y consecuencias

Ambas crisis, aunque distintas en su naturaleza, comparten raíces en la fragmentación institucional y la falta de liderazgo estratégico. La debilidad del Estado para anticipar, coordinar y resolver problemas complejos se traduce en impactos directos para la vida cotidiana de los chilenos: desde la factura de la luz hasta la seguridad en los colegios.

La polarización social y política amenaza con profundizar estas dificultades, mientras que la ciudadanía, cada vez más angustiada, busca respuestas efectivas y responsables.

En definitiva, Chile enfrenta un desafío de fondo: reconstruir la confianza en sus instituciones y diseñar políticas públicas que integren visión de largo plazo, rigor técnico y sensibilidad social. Sin ese cambio, las crisis se seguirán repitiendo, y la estabilidad del país seguirá pendiendo de un hilo.