La desaparición de Julia Chuñil sigue sin respuestas claras: un año de sombras y tensiones

El 8 de noviembre de 2024, Julia Chuñil, activista ambiental y presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, desapareció en circunstancias que hasta hoy permanecen envueltas en el misterio. A un año de su extravío, el caso se ha convertido en un símbolo de las tensiones no resueltas entre comunidades indígenas, intereses empresariales, y la capacidad del Estado para garantizar justicia y protección a sus defensores ambientales.

Desde entonces, la investigación judicial ha avanzado a paso lento y con múltiples controversias. La familia ha denunciado opacidad y falta de avances concretos, mientras la Fiscalía Regional de Los Ríos, encabezada por Tatiana Esquivel, mantiene la causa bajo reserva y ha resistido solicitudes para trasladar la investigación a otra región o cambiar a la fiscal a cargo.

Uno de los episodios más explosivos en el proceso fue la filtración de una escucha telefónica en la que el empresario Morstadt, imputado en la causa, aparentemente confesaba que "la quemaron", frase que encendió la indignación pública y llevó a la familia a denunciar irregularidades en la investigación. Sin embargo, la defensa de Morstadt ha negado categóricamente cualquier implicancia y ha cuestionado la tardanza y falta de transparencia del Ministerio Público.

En paralelo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha manifestado preocupación por la falta de hipótesis concretas y señaló que algunas diligencias han generado tensiones con las comunidades mapuche, advirtiendo que ciertos procedimientos no contribuyen a la búsqueda ni al esclarecimiento del caso.

La familia, por su parte, ha mantenido una posición firme y crítica. En octubre de 2025, en una marcha en Santiago, Lyssette Sánchez, nieta de Julia, denunció que su abuela fue "asesinada por proteger tierras ancestrales" y acusó al Estado y a grandes empresarios de ser responsables indirectos de su desaparición.

El Gobierno ha reiterado el compromiso de no permitir impunidad y ha solicitado a la Fiscalía acelerar la investigación para esclarecer los hechos. El Presidente Gabriel Boric ha declarado que "en Chile no puede haber espacio a la impunidad" y ha llamado a las instituciones a funcionar con eficacia y transparencia.

Este caso no solo pone en evidencia las dificultades para proteger a los defensores ambientales en Chile, sino que también refleja la complejidad del conflicto territorial y cultural que persiste en la Araucanía y Los Ríos. La ratificación del Acuerdo de Escazú en 2022, que busca proteger a activistas medioambientales, no ha logrado evitar que Julia Chuñil sea la primera ecologista desaparecida en este contexto.

Verdades y consecuencias:

- La desaparición de Julia Chuñil ha evidenciado la fragilidad institucional y la falta de mecanismos efectivos para proteger a líderes indígenas y ambientales.

- La coexistencia de múltiples hipótesis sin avances claros alimenta la incertidumbre y la polarización entre actores involucrados.

- La filtración de información judicial sensible ha impactado negativamente en la confianza de la familia y la comunidad en la investigación.

- La tensión entre la comunidad mapuche, el empresariado local y el Estado sigue siendo un factor que condiciona la búsqueda de justicia y verdad.

- Este caso pone en el centro la necesidad de revisar y fortalecer las políticas públicas en materia de defensa de derechos humanos y protección ambiental, para evitar la repetición de tragedias similares.

Mientras el reloj avanza y el primer aniversario de su desaparición se cumple, Julia Chuñil permanece en la memoria colectiva como un emblema de la lucha ambiental y la resistencia indígena, pero también como un recordatorio incómodo de las deudas pendientes del país con sus pueblos originarios y con quienes defienden la tierra.