Nuevo atentado incendiario en La Araucanía: La violencia que no cesa y la fractura política que se profundiza

Nuevo atentado incendiario en La Araucanía: La violencia que no cesa y la fractura política que se profundiza
Actualidad
Conflictos sociales
2025-11-11
Fuentes
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- Cuatro ataques incendiarios en 48 horas en la provincia de Cautín.

- Siete maquinarias destruidas en el fundo La Galicia, Cunco.

- Reacciones encontradas: desde la oposición que exige mano dura hasta autoridades que llaman al diálogo.

Un fuego que no se apaga. En menos de dos días, La Araucanía ha sido escenario de una nueva escalada de violencia que volvió a prender las alarmas nacionales. El domingo 9 de noviembre, siete maquinarias forestales —dos skidders y cinco excavadoras— fueron consumidas por las llamas en el fundo La Galicia, ubicado en la comuna de Cunco, sumándose a otros tres atentados incendiarios ocurridos en la provincia de Cautín en apenas 48 horas.

Según la Policía de Investigaciones (PDI), sujetos desconocidos ingresaron en la madrugada al predio y provocaron el incendio. En el lugar se encontraron lienzos alusivos a la violencia rural, reivindicados por el grupo Weichan Auka Mapu (WAM), organización radical que ha asumido responsabilidad en ataques recientes en Vilcún y Carahue.

El escenario se vuelve un coliseo romano donde se enfrentan actores con agendas irreconciliables. Por un lado, las víctimas directas, pequeños y medianos emprendedores afectados por la destrucción de bienes que representan su sustento. Por otro, los actores políticos y sociales que se posicionan en torno a las causas y consecuencias de la violencia, cada uno con su propia narrativa.

El alcalde de Cunco, Cristian Moraga Lagos, expresó: "Estos hechos son profundamente lamentables. Nuestra comuna busca avanzar en el desarrollo, la convivencia y la paz. Rechazamos categóricamente toda forma de violencia, porque lo que necesitamos es construir un futuro distinto, basado en el respeto y el diálogo".

Sin embargo, desde la oposición política, la crítica al gobierno no se hizo esperar. Parlamentarios de derecha y centro derecha, como Henry Leal (UDI) y Miguel Becker (RN), denunciaron una "pasividad" y "falta de acción contundente" del Ejecutivo. Leal cuestionó directamente al ministro de Seguridad, Carlos Cordero, por su ausencia en terreno y falta de respuestas concretas, calificando la situación como una "incompetencia intolerable".

"Basta de ataques en nuestra región. Hablé con las familias afectadas y pedí al ministro que active los sistemas para presentar querellas por la ley antiterrorista", señaló Becker.

Desde el oficialismo, en cambio, el discurso fue más cauteloso y orientado a evitar la estigmatización. El seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, advirtió que "aquí no hay reivindicación, es violencia pura que busca presionar por la libertad de personas condenadas por delitos en la región" y destacó la necesidad de diferenciar entre violencia y legítimas demandas sociales.

Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de conflicto en La Araucanía, donde las raíces históricas, las demandas territoriales mapuche y la respuesta estatal se entrecruzan en un entramado complejo y difícil de desatar.

El coliseo no solo enfrenta a atacantes y víctimas, sino que también pone en escena a un Estado cuestionado por su capacidad de control y gestión. Las autoridades judiciales han iniciado investigaciones, pero la sensación de impunidad y la repetición de ataques en pocos días alimentan la frustración y la polarización.

El Gobierno anunció querellas por ley antiterrorista y reforzó el despliegue policial, pero la oposición exige además la presencia de la ministra de Defensa en la zona y un plan estratégico que vaya más allá de la reacción inmediata.

Este escenario ha erosionado también la confianza ciudadana en las instituciones, mientras que las comunidades mapuche y no mapuche viven la tensión entre la búsqueda de justicia y la escalada de violencia.

Verdades y consecuencias

- La violencia rural en La Araucanía continúa siendo un fenómeno persistente y multifacético, con episodios que se suceden en rápida sucesión y afectan a diversos actores.

- La reivindicación de ataques por grupos radicales como WAM complica la respuesta estatal, que debe equilibrar la acción policial con el respeto a derechos y la búsqueda de soluciones políticas.

- Las voces disonantes entre el oficialismo y la oposición reflejan una fractura política profunda que dificulta acuerdos para enfrentar la crisis.

- La falta de una estrategia integral y consensuada para abordar las causas estructurales del conflicto pone en riesgo la estabilidad social y económica de la región.

- En el centro de la tragedia, las familias y emprendedores afectados sufren pérdidas materiales y psicológicas, mientras la región se debate entre la esperanza de paz y la repetición de la violencia.

Este nuevo capítulo en La Araucanía no solo es un llamado de atención sobre la persistencia de la violencia, sino también un desafío para el país en su conjunto: cómo construir una convivencia posible en medio de heridas históricas y demandas legítimas, sin que la violencia siga imponiendo su ley.

Fuentes: El Mostrador, Cambio21, declaraciones oficiales de la PDI, entrevistas a autoridades regionales y parlamentarios de diversos sectores.