Formalización en la Trama Bielorrusa: Codelco como víctima y la exministra Vivanco en el ojo del huracán judicial

La llamada "Trama Bielorrusa" ha dejado al descubierto un entramado de cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias que tiene como epicentro a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y dos abogados vinculados al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.

La ruta del dinero y las maniobras para ocultarlo

Según la investigación, los pagos ascendieron a aproximadamente $57 millones, entregados en dos grandes montos. El primero, equivalente a US$14.000, se habría concretado en diciembre de 2023 tras un pago de Codelco a Belaz Movitec por más de $4.400 millones. El segundo, por $45 millones, llegó a Migueles tras otra transferencia millonaria de la minera estatal.

Este entramado fue desentrañado con ayuda de interceptaciones telefónicas, georreferenciación de antenas telefónicas y seguimiento bancario, que posicionaron a los imputados en fechas y lugares clave, incluyendo la casa de Vivanco y Migueles, donde se habrían gestado y ejecutado varios movimientos.

Voces enfrentadas en el coliseo judicial

Por su parte, la Fiscalía sostiene que Vivanco no sólo recibió beneficios económicos indirectos, sino que además habría incurrido en falta de probidad al no declararse inhabilitada en causas donde sus convivientes tenían interés.

Desde la defensa, el abogado Sergio Contreras enfatizó que no está demostrado que Vivanco haya recibido directamente coimas ni que haya estado físicamente en los lugares donde se habrían realizado las entregas de dinero.

Impacto institucional y consecuencias visibles

La Corte Suprema, a través de su vocero Jorge Sáez, reconoció la preocupación interna y anunció medidas para evitar influencias indebidas en la integración de salas, además de impulsar un nuevo código de ética judicial. Sin embargo, negó que el caso constituya una crisis institucional, aunque admitió que no se puede descartar que existan otros casos similares.

Organizaciones judiciales como la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados han condenado enérgicamente estos hechos, advirtiendo que golpean la credibilidad del sistema y ponen en riesgo la democracia.

En el plano corporativo, Codelco se ha presentado como víctima en este proceso, sin haber presentado querellas, aunque sí ha sido parte central del litigio que originó la trama.

Constataciones finales

Este caso destapa una compleja red de corrupción que involucra a actores clave del Poder Judicial y la minería estatal, revelando prácticas que erosionan la confianza pública. La investigación ha logrado reconstruir con detalle la ruta del dinero y las maniobras para su blanqueo, mientras que las defensas mantienen la presunción de inocencia y cuestionan la solidez de algunas pruebas.

El proceso judicial aún está en curso, con formalizaciones y posibles medidas cautelares que podrían incluir prisión preventiva para los imputados. Más allá de los actores individuales, la trama plantea desafíos para la transparencia y el control institucional en Chile, en especial en sectores estratégicos como la justicia y la minería.

Este caso invita a una reflexión profunda sobre las redes de poder, las vulnerabilidades del sistema y la necesidad de mecanismos efectivos para prevenir y sancionar la corrupción en todas sus dimensiones.