
Desde el gobierno italiano y sectores que promueven la regulación, la medida es vista como un paso necesario para frenar la proliferación de bulos y prácticas engañosas en redes sociales. En un contexto donde la desinformación ha sido vinculada a riesgos para la salud pública, la integridad electoral y la convivencia social, el registro se presenta como una herramienta para aumentar la transparencia y la responsabilidad de quienes ejercen influencia masiva.
Sin embargo, desde la comunidad digital y expertos en derechos digitales, la iniciativa ha generado preocupación por el potencial impacto en la libertad de expresión y la privacidad. La obligatoriedad de revelar datos personales y métricas, junto con la supervisión estatal, podría abrir la puerta a censuras, discriminación o un efecto inhibidor sobre creadores de contenido, especialmente aquellos con audiencias emergentes.
Algunos críticos advierten que esta regulación podría convertirse en un modelo restrictivo que otros países europeos podrían imitar, afectando la diversidad y pluralidad en la esfera digital. Además, se señala la dificultad de establecer límites claros entre contenido comercial, opinión personal y expresión artística, lo que complica la aplicación práctica del código de conducta.
Italia no es el único país que busca regular el papel de los influencers. La Unión Europea ha avanzado en iniciativas para fortalecer la lucha contra la desinformación, como la creación de redes voluntarias de influencers éticos y el apoyo a medios independientes, en el marco del llamado "Escudo Democrático Europeo". Sin embargo, estas medidas suelen ser menos coercitivas y más orientadas a la colaboración y autorregulación.
Fuentes como el diario italiano Cooperativa.cl y la Comisión Europea han destacado que la medida busca equilibrar la necesidad de controlar la información con la protección de derechos fundamentales, aunque el debate está lejos de cerrarse.
La regulación italiana de influencers marca un punto de inflexión en la gobernanza de las redes sociales, evidenciando la tensión entre el control estatal y la libertad digital. La medida responde a un problema real y urgente: la desinformación masiva y su impacto en sociedades democráticas. Sin embargo, la solución adoptada puede generar efectos colaterales no deseados, como la estigmatización de creadores o la concentración de poder en manos de organismos estatales y tecnológicos.
Para Chile y otros países latinoamericanos, donde las redes sociales son un espacio clave para la participación ciudadana y la expresión cultural, este modelo plantea preguntas difíciles sobre cómo proteger la verdad sin sacrificar la pluralidad ni la innovación.
El desafío está en encontrar un equilibrio que permita frenar la desinformación sin sofocar la diversidad de voces, y en eso Italia ofrece una experiencia que merece un seguimiento atento y crítico en los próximos meses.
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Fuentes: Cooperativa.cl (Italia), El País (Unión Europea), AGCOM, Comisión Europea.