Crisis de seguridad en Quilicura: la urgencia comunal que revela fracturas institucionales y sociales

En los últimos días, Quilicura se ha convertido en el escenario de una tragedia que desnuda la crisis de seguridad que afecta a varias comunas del país.

La brutalidad del crimen, seguido del robo del vehículo de la víctima y la detención de tres personas vinculadas al hecho, ha puesto en evidencia la fragilidad del orden público en la zona.

Desde la municipalidad, la alcaldesa Paulina Bobadilla declaró una "urgencia comunal" para agilizar recursos y acciones que permitan fortalecer la seguridad local.
Este llamado a la acción no es solo un reclamo local, sino que refleja una problemática nacional. La alcaldesa, cercana al Frente Amplio, ha subrayado que la inseguridad trasciende colores políticos y requiere un acuerdo transversal.

Por su parte, desde la comunidad se percibe una sensación de abandono y temor creciente. Vecinos y familiares de la víctima denuncian la presencia de bandas criminales que operan con impunidad en sectores vulnerables de Quilicura. La familia de Poblete atribuye el crimen a arrendatarios vinculados a una red informal de arriendos, lo que añade una capa de complejidad social al caso.

En el plano policial, Carabineros detuvo a tres personas sorprendidas quemando ropa con restos de sangre en Isla de Maipo, vinculadas al homicidio y robo. Sin embargo, la rapidez de la respuesta contrasta con la sensación de que la prevención y el control territorial son insuficientes para contener la violencia.

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de crisis de seguridad que también afecta espacios públicos y eventos masivos, como quedó en evidencia con la disolución del Plan Estadio Seguro y la ausencia de un liderazgo claro para la gestión del orden público en el fútbol chileno.

La crisis de Quilicura no es un hecho aislado, sino un síntoma de fallas estructurales. La falta de coordinación entre municipios, fuerzas policiales, justicia y legisladores genera un vacío que los actores delictuales aprovechan.

Además, la dimensión social de la inseguridad reclama atención: la precariedad habitacional, la informalidad y la ausencia de políticas públicas integrales alimentan un caldo de cultivo para la violencia.


Sin embargo, la ley de Seguridad Municipal, que permitiría entregar más recursos y competencias a las comunas, sigue sin avanzar en el Congreso. Esta parálisis legislativa contrasta con la urgencia que viven territorios como Quilicura.

En definitiva, la tragedia de José Patricio Poblete y la respuesta municipal evidencian una crisis de seguridad que es a la vez institucional, social y política. La fragmentación y la falta de acuerdos profundizan la vulnerabilidad de las comunidades y erosionan la confianza ciudadana.

Mientras tanto, Quilicura se enfrenta a la dolorosa realidad de la violencia cotidiana, con familias que claman justicia y vecinos que exigen protección. La pregunta que queda flotando es si el Estado y sus instituciones estarán a la altura para responder a esta urgencia comunal, o si el vacío que hoy se observa seguirá ampliándose, dejando a miles de chilenos a merced de la inseguridad.

Fuentes: Cooperativa.cl, BioBioChile, Cambio21, El Informador Chile.