Desalojos en Antofagasta: El golpe al crimen organizado que revela grietas en la política de vivienda
En la fría mañana del 8 de noviembre de 2025, tres viviendas en el campamento “Mujeres Cabeza de Familia” en Antofagasta fueron demolidas tras un operativo conjunto entre la Delegación Presidencial, la Seremi de Bienes Nacionales y Carabineros.
La demolición de estas viviendas no es solo un acto de seguridad pública, sino también un símbolo de la tensión entre la necesidad de combatir el crimen organizado y la realidad social de miles de familias que habitan en campamentos.
Sin embargo, las voces desde la sociedad civil y expertos en derechos humanos advierten que estas operaciones, aunque necesarias para la seguridad, pueden profundizar la exclusión y la precariedad si no se acompañan de políticas integrales de vivienda y reinserción social.
El seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, enfatizó la línea oficial: "Cuando ocupaciones ilegales están destinadas a la comisión de delitos, o son producto de beneficios obtenidos en la comisión de delito, vamos a proceder sistemáticamente a la destrucción de esos inmuebles y a la recuperación de los terrenos fiscales".
Este enfoque ha generado debates en el país. Por un lado, sectores políticos y ciudadanos demandan mayor seguridad y acciones firmes contra el crimen; por otro, organizaciones sociales y académicos llaman a no criminalizar la pobreza y a diseñar soluciones habitacionales dignas.
Además, la investigación policial y judicial continúa tras la detención de miembros de bandas vinculadas al crimen organizado, algunas de origen extranjero, que han encontrado en estos campamentos un refugio para sus actividades ilícitas.
En este escenario, la llegada del nuevo jefe regional de la PDI, prefecto inspector Freddy Castro, con experiencia en combate al crimen organizado, marca un punto de inflexión en la estrategia policial, orientada a fortalecer la investigación y la colaboración interinstitucional.
Finalmente, esta serie de hechos y decisiones evidencian que el combate al crimen organizado en Antofagasta es una batalla que se libra en múltiples frentes: la seguridad, la justicia, el territorio y las políticas sociales.
Para los habitantes de los campamentos, la demolición de sus viviendas puede ser tanto un alivio como una tragedia, dependiendo de las alternativas que el Estado y la sociedad estén dispuestos a ofrecer. La tensión entre orden público y derechos sociales permanece como una herida abierta en la ciudad y el país.
Verdades y consecuencias:
- El crimen organizado ha logrado infiltrar espacios vulnerables, usando campamentos como bases para delitos graves.
- Las acciones policiales y administrativas son necesarias, pero insuficientes sin políticas integrales de vivienda y reinserción social.
- La sociedad chilena enfrenta un dilema entre seguridad y justicia social, con riesgos de polarización y exclusión si no se gestionan con sensibilidad y visión a largo plazo.
Este episodio en Antofagasta es un espejo que refleja la complejidad del fenómeno criminal y social en Chile, invitando a un debate profundo y urgente sobre cómo construir ciudades seguras y justas para todos.
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Fuentes consultadas: La Tercera, Cooperativa, Informe Fiscalía Nacional sobre crimen organizado, declaraciones oficiales de la Delegación Presidencial de Antofagasta y PDI, análisis de expertos en políticas urbanas y derechos humanos.