Presupuesto 2026: Gobierno y oposición en pugna por ingresos y gasto mientras la deuda se acerca al 45% del PIB

En un escenario que ha tensionado la política fiscal chilena, el proyecto de Presupuesto 2026 ha evidenciado un choque frontal entre el Gobierno y la oposición, con la sombra creciente de una deuda que se acerca a niveles considerados prudentes. El episodio más visible fue el rechazo sin precedentes de 29 de 33 partidas del presupuesto en la Comisión Especial Mixta, lo que obligó a un proceso de diálogo acelerado y complejo para evitar un estancamiento que amenace la estabilidad económica.

Esta confrontación no es solo política, sino que se centra en las proyecciones de ingresos fiscales y las estimaciones de gasto público. El Gobierno mantiene una postura optimista sobre la solidez técnica de sus cifras, proyectando un crecimiento real de ingresos del 4,7% para 2026, con una recaudación del impuesto a la renta que aumentaría un 7,4%. Sin embargo, la oposición y expertos técnicos expresan dudas legítimas sobre la sobreestimación de estos ingresos, lo que pone en tela de juicio la viabilidad del gasto contemplado y el cumplimiento de la meta fiscal estructural de un déficit del 1,1% del PIB.

En paralelo, el oficialismo ha planteado la necesidad de reponer partidas sociales recortadas, especialmente en programas de vivienda, Junaeb y apoyo a adultos mayores. La ausencia de diálogo simultáneo con todas las fuerzas políticas, como evidenció la molestia del Partido Socialista por reuniones previas solo con opositores, ha complicado la construcción de acuerdos.

En medio de este escenario, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) emitió un informe crítico hacia el Gobierno por el uso de "otras causales extraordinarias" para modificar las metas fiscales, señalando que estas se basaron principalmente en errores de proyección de ingresos y ajustes metodológicos. El CFA advierte que esta práctica puede debilitar la regla fiscal y aumentar la deuda pública, que podría superar el 45% del PIB en 2028 si persisten déficits estructurales elevados.

Por su parte, el ministro Grau ha reconocido la complejidad del proceso y la distancia que aún existe en las estimaciones, pero se mantiene optimista en que, tras las elecciones del 16 de noviembre, se podrá avanzar hacia acuerdos que permitan destrabar la ley de Presupuesto antes del 29 de noviembre, fecha límite para su aprobación.

Este pulso fiscal refleja, en última instancia, una tensión entre la necesidad de mantener la sostenibilidad económica y las demandas sociales y políticas que emergen en un año electoral. La pugna por el Presupuesto 2026 es, por tanto, un coliseo donde se enfrentan visiones contrapuestas sobre el tamaño del Estado, la prioridad del gasto social y la responsabilidad fiscal.

La verdad que emerge es que, sin un acuerdo claro y transparente sobre ingresos y gastos, Chile enfrenta el riesgo de una senda fiscal menos sostenible, con una deuda que podría alcanzar niveles preocupantes y un futuro Presupuesto que, sin consenso, podría profundizar la incertidumbre económica y política. La próxima semana será decisiva para que las partes logren acercar posiciones y evitar que este enfrentamiento se traduzca en un costo mayor para la ciudadanía y la estabilidad del país.