
Entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre de 2025, Chile vivió un fin de semana largo que dejó una estela negra en las carreteras y calles del país, con al menos 29 personas fallecidas en accidentes de tránsito y más de 160 conductores detenidos por infracciones graves. Este balance, entregado por Carabineros y confirmado por diversas fuentes periodísticas, refleja un problema estructural que trasciende la fatalidad del momento y pone en evidencia fallas en la prevención, control y educación vial.
La tragedia se agrava al observar que muchos de los siniestros involucran a conductores sin licencia o con documentación irregular, lo que refleja una brecha en la fiscalización y controles preventivos. Según el capitán Henry González, en el caso del accidente del 10 de noviembre, el conductor detenido solo contaba con un RUT provisorio, sin licencia ni papeles del vehículo. Este patrón se repite en varios hechos, evidenciando la circulación impune de vehículos y conductores que incumplen la normativa básica.
Desde una perspectiva política, las autoridades han reforzado los llamados a respetar la Ley de Tránsito y han desplegado planes de contingencia para estos periodos de alta movilidad. Sin embargo, voces críticas desde sectores de la sociedad civil y expertos en seguridad vial señalan que las medidas siguen siendo insuficientes y que la respuesta estatal carece de una estrategia integral que incluya educación, fiscalización efectiva y sanciones ejemplares.
En el ámbito social, las tragedias viales generan un impacto profundo en las familias y comunidades afectadas, muchas veces invisibilizado en el flujo inmediato de noticias. La pérdida de vidas jóvenes y adultas, la discapacidad de sobrevivientes y la carga emocional para los afectados constituyen una herida abierta que demanda atención y políticas públicas con visión a largo plazo.
En conclusión, los hechos recientes no solo confirman la persistencia de una crisis en la seguridad vial chilena, sino que también evidencian la necesidad de un abordaje multidimensional. La coexistencia de factores como la falta de licencia, la conducción bajo efectos de sustancias, la insuficiente educación vial y la fiscalización limitada conforman un cóctel peligroso que se traduce en vidas perdidas y sufrimiento social.
Este ciclo trágico exige un debate serio y profundo sobre la cultura vial chilena, la responsabilidad estatal y ciudadana, y la implementación de políticas públicas que prioricen la vida y la prevención por sobre la sanción reactiva. Solo así podrá Chile aspirar a romper la cadena de tragedias que cada fin de semana largo se cobra nuevas víctimas en sus rutas y calles.