Un invierno eléctrico en tinieblas y fuego
Desde finales de octubre y durante la primera semana de noviembre de 2025, Ucrania ha sufrido apagones diarios de entre cuatro y doce horas, consecuencia directa de los ataques rusos contra su red eléctrica. Moscú ha lanzado ofensivas con misiles balísticos y drones bomba, apuntando a subestaciones, centrales térmicas y oleoductos que sustentan la infraestructura civil y militar del país invadido.
En respuesta, Ucrania ha desplegado una estrategia de 'ojo por ojo' que, aunque menos letal, apunta a la red eléctrica rusa, especialmente en las provincias fronterizas de Bélgorod, Kursk, Oriol y Taganrog. Este pulso eléctrico ha dejado a decenas de miles de hogares rusos sin suministro y ha dañado instalaciones clave para la exportación de hidrocarburos, fuente vital de ingresos para la maquinaria bélica rusa.
Perspectivas en choque: entre la supervivencia y la legalidad
Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, afirmó el 8 de octubre: "Si nos quieren dejar sin luz, deben entender que nosotros haremos lo mismo". Esta declaración resume la lógica de represalia que guía la ofensiva ucraniana contra la infraestructura rusa.
Sin embargo, la Unión Europea y organizaciones internacionales han denunciado reiteradamente que el uso de infraestructuras civiles como blanco de ataques constituye un crimen de guerra según la Convención de Ginebra. Ucrania, con apoyo occidental, insiste en que la estrategia rusa de apagar ciudades enteras es terrorismo energético y una violación grave del derecho internacional.
Por su parte, Estados Unidos ha expresado preocupación por la escalada de ataques a infraestructuras críticas, advirtiendo sobre el respeto a las leyes de conflicto armado, aunque evita condenar directamente la respuesta ucraniana, que ha intensificado sus ataques a la industria petrolera y gasística rusa desde agosto de 2025.
El coliseo de la guerra tecnológica y humana
Los drones ucranianos, operados por unidades especializadas como las divisiones comandadas por Robert Brovdi y el Servicio de Inteligencia Militar (GUR), han demostrado capacidad para alcanzar objetivos a más de 2.000 kilómetros de distancia, afectando a infraestructuras críticas en el corazón de Rusia. Mientras tanto, la defensa rusa ha incrementado sus sistemas antiaéreos, logrando derribar la mayoría de los drones, aunque algunos ataques han logrado impactos significativos.
En Ucrania, la población convive con la precariedad energética. Los cortes prolongados afectan hospitales, escuelas, sistemas de calefacción y comunicaciones, agravando la crisis humanitaria en un país que se prepara para su cuarto invierno de guerra. La adaptación ha incluido la compra masiva de generadores y la fragmentación de la red eléctrica para minimizar el impacto de los ataques.
Consecuencias y certezas en un conflicto sin tregua
Este intercambio de golpes eléctricos no solo representa un daño material sino un ataque a la resiliencia civil y a la moral de ambos países. En Ucrania, el impacto en la vida cotidiana es palpable y se traduce en pérdidas humanas, como los ataques con drones que han dejado víctimas civiles, incluidos niños.
En Rusia, aunque el daño es menor en comparación, la afectación a la industria energética amenaza las finanzas del Estado y su capacidad para sostener la guerra. Las sanciones internacionales y los ataques ucranianos convergen en un debilitamiento estructural del aparato bélico ruso.
Finalmente, este escenario plantea una disonancia cognitiva entre la necesidad de defensa y la observancia del derecho internacional humanitario. Mientras la guerra tecnológica avanza, la comunidad internacional observa con creciente inquietud la escalada de tácticas que afectan directamente a la población civil, en un conflicto que parece no tener fin a la vista.
Fuentes: El País (internacional), La Tercera, Infobae, declaraciones oficiales de Volodímir Zelenski y Robert Brovdi, informes de la Unión Europea y del Ministerio de Defensa de Estados Unidos.
