
Desde el 1 de octubre de 2025, Estados Unidos vive un cierre de Gobierno que ha superado todos los récords históricos, sumergiendo al país en una crisis multifacética que trasciende la simple disputa política y afecta a millones de estadounidenses y a la economía global.
La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó recortes escalonados en vuelos internos para aliviar la presión sobre los controladores aéreos, quienes, pese a ser considerados esenciales, trabajan sin cobrar. Algunos han reportado bajas por enfermedad o han buscado empleos adicionales para subsistir.
Las aerolíneas como Delta, American y Southwest han implementado políticas flexibles para mitigar el impacto, pero la incertidumbre persiste. El retraso promedio en aeropuertos como Reagan, en Washington D.C., supera las cuatro horas, generando un efecto dominó en la movilidad nacional.
Este apagón estadístico dificulta la evaluación precisa del mercado laboral, la inflación, el PIB y otros indicadores vitales para la toma de decisiones económicas. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, reconoció que esta falta de información le obliga a tomar decisiones "a ciegas", ralentizando la política monetaria.
La suspensión también afectó la colaboración con plataformas privadas como ADP, que proveía datos detallados al banco central, limitando aún más la capacidad analítica.
Aunque tribunales federales ordenaron al gobierno reactivar los pagos, el presidente Trump anunció que solo cubrirá la mitad, profundizando la crisis social.
El Senado, activo pero dividido, ha rechazado repetidamente propuestas para reabrir el Gobierno, mientras la Cámara de Representantes permanece en receso. Las demandas demócratas de mantener subsidios de salud y evitar recortes a Medicaid chocan con la negativa republicana, que acusa a sus rivales de buscar financiamiento para ciudadanos indocumentados y de promover "procedimientos de mutilación de género", acusaciones que carecen de sustento.
Este cierre de Gobierno no es solo un episodio más en la polarización estadounidense, sino una tragedia colectiva que expone la fragilidad institucional y la falta de voluntad política para priorizar el bienestar común. El impacto tangible en la movilidad aérea, el apagón informativo que paraliza decisiones económicas y la crisis humanitaria que afecta a millones, configuran un escenario donde los ciudadanos son espectadores y víctimas de un duelo político sin vencedores claros.
La historia reciente muestra que la presión social y económica puede forzar acuerdos, pero la pregunta que queda es si esta crisis dejará lecciones duraderas o simplemente será un antecedente para futuras paralizaciones que continúen erosionando la confianza en las instituciones.
Mientras tanto, las aerolíneas, los trabajadores públicos y millones de familias esperan que la tormenta política amainé y que el Gobierno vuelva a funcionar, no solo para reactivar vuelos y estadísticas, sino para restaurar la estabilidad social y económica que está en juego.